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LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Al precisar que la información y la orientación a los alumnos debe ser oportuna y programada, se pretendió recalcar la necesidad

de que la Universidad establezca un sistema integral de información y orientación a los alumnos, sobre las actividades

académicas que desarrolla y sobre la estructura y funcionamiento de la misma. Por otra parte, se destacó que el derecho de los

alumnos a recibir orientación vocacional se podía recibir no sólo durante los primeros trimestres de la carrera escogida, sino

durante toda la permanencia que como alumno se tenga en la Universidad. Asimismo, se acotó que el término “servicios” implica,

aparte del propio servicio de docencia, los servicios relacionados directamente con las actividades académicas, como es el caso

de la biblioteca, librería, fotocopiado, etc., así como de menor vinculación académica como la cafetería, servicios médicos, etc.

Finalmente, se precisó que algunos aspectos relativos a las evaluaciones no se establecieron como derechos en virtud de estar

ya contemplados en otros ordenamientos vigentes.

2.2 De las cargas

El establecimiento de este Capítulo obedeció a la necesidad de definir las tareas que idealmente corresponde realizar a los

alumnos en relación con la función de la Universidad de impartir educación superior. La denominación del Capítulo responde a la

definición técnica de esas tareas; es decir, las actividades necesarias para obtener el diploma, título o grado académico en la

Universidad, y cuya realización se deja a la voluntad del alumno. Estas cargas se distinguen de las obligaciones o deberes en

tanto que su no ejecución no afecta jurídicamente a terceros sino sólo al propio alumno que las deja de realizar. Tal es el caso de

quien decide no presentar las evaluaciones programadas de las unidades de enseñanza-aprendizaje en las que se encuentra

inscrito. En esta hipótesis, el registro escolar resultante de la no presentación de las evaluaciones y sus consecuencias, sólo

afecta al propio alumno y no puede ser considerado como aplicación de una sanción.

2.3 De las faltas

En el Capítulo IV del Reglamento se hace una distinción de las faltas en atención a los posibles sujetos pasivos de las mismas;

así, se precisan faltas en contra de la Universidad y faltas en contra de los miembros de la comunidad universitaria. Entre éstos

se encuentran los propios alumnos, los órganos personales, los órganos colegiados, las instancias de apoyo, el personal

académico y el personal administrativo que labora en la Universidad.

Con fundamento en el valor socialmente atribuido a algunos bienes, se determinó la existencia de faltas graves y de faltas; este

mismo razonamiento sirvió para evitar la mención de “faltas leves”, pues se consideró que estas últimas, en caso de presentarse,

deberían resolverse entre los miembros de la comunidad universitaria sin necesidad de iniciar el proceso aquí establecido. Por tal

razón y de acuerdo con el principio de legalidad, sólo por las faltas reglamentarias señaladas puede dar inicio el proceso

correspondiente.

Una preocupación constante en el señalamiento de las faltas fue el respeto por los denominados “derechos políticos” otorgados

como garantías individuales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tales derechos son los que se

contienen básicamente en los artículos 6, 7, 8 y 9 constitucionales, referidos a la libertad de manifestar las ideas, la libertad de

imprenta, el derecho de petición y el de reunión y asociación, respectivamente.

En relación con el artículo 8 fracción VII del presente Reglamento, se consideró conveniente precisar que no se entenderá como

violencia física el ejercicio de cualesquiera de los derechos de los alumnos. Asimismo, se decidió respetar en sus términos el

enunciado del artículo 34 de la Ley Orgánica relativo a que “las asociaciones de alumnos serán independientes de los órganos de

la Universidad y se organizarán democráticamente en la forma que los mismos estudiantes determinen”.

Como parte integrante del derecho de petición vinculado estrechamente con la estructura procedimental para conocer y resolver

sobre las faltas de los trabajadores universitarios, se puntualizó que el dar a conocer la existencia de esas posibles faltas

constituye una prerrogativa de todos los miembros de la comunidad universitaria y que, en consecuencia, los alumnos pueden

participar en dicho procedimiento.

En relación con la falta sobre portación de armas, se precisó que éstas son las aludidas en los artículos 160 y 161 del Código

Penal para el Distrito Federal y que quedaban excluidos de esta consideración los casos en que dichas armas fueran

instrumentos para desarrollar actividades académicas. De la misma manera, la falta relativa a las amenazas se vinculó a lo

establecido al respecto en el Código Penal anteriormente citado y se especificó que la gravedad de esta falta es similar a la

agresión física para los efectos del Reglamento.

2.4 De las medidas administrativas

La medida administrativa se identificó como la consecuencia atribuida a una falta. En la práctica, corresponde a un órgano

colegiado su aplicación mediante el uso de criterios para adecuar la norma al caso concreto.

El orden en el que se presentan las medidas administrativas no es un orden obligado de aplicación; los rangos o márgenes

establecidos en relación con el tipo de falta, permiten al órgano aplicador elegir la medida a aplicar en el caso concreto. Así, para

la comisión de faltas se establece desde amonestación hasta suspensión por dos trimestres, y en el caso de faltas graves, desde

suspensión por dos trimestres hasta expulsión de la Universidad. En este sistema de medidas administrativas se consideró

adecuado el que la medida más grave que se puede aplicar por la comisión de una falta, constituya a su vez la menos grave que

se puede aplicar por la comisión de una falta grave.

Se consideró conveniente aclarar que la medida administrativa relativa a la suspensión por tres trimestres no implica la pérdida

de la calidad de alumno a la que se refiere la fracción II del artículo 10 del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de

Licenciatura.

El procedimiento creado para la aplicación de estas medidas otorga a los alumnos todas las posibilidades procesales de defensa,

referidas a la presentación de pruebas y alegatos y en las que se incluye la asesoría por parte de especialistas. Se decidió que

fuera un órgano colegiado el encargado de determinar las medidas administrativas a los casos concretos; por esta razón, se dio

competencia al Consejo Divisional para conocer y resolver en definitiva sobre los casos de faltas cometidas por los alumnos de la

propia División. Con esta competencia atribuida al Consejo Divisional, misma que fue derivada de la facultad genérica que la Ley

Orgánica atribuye a estos cuerpos colegiados para aprobar el desarrollo y funcionamiento de la División, se garantizó la