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LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad, como organismo descentralizado del Estado y autónoma por ley, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y con

la facultad y responsabilidad para gobernarse a sí misma, administrar su patrimonio y organizarse dentro de un régimen de

desconcentración funcional y administrativa. Para ello, su Ley Orgánica, en el artículo 13, fracción II, autoriza al Colegio Académico para

expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para la mejor organización y funcionamiento académico y

administrativo, fundamento con el cual se emite este Reglamento de observancia obligatoria para los órganos, instancias de apoyo y

trabajadores en general que participen en los procedimientos para la contratación de obras y servicios relacionados con las mismas,

adquisición de bienes, arrendamientos de muebles e inmuebles, así como para la prestación de servicios.

La propia Ley, en los artículos 15 y 16, fracción IV, prescribe que la representación legal de la Universidad recae en el Rector General y

que éste, a su vez, puede otorgar, sustituir y revocar poderes; por lo tanto, es el órgano facultado para relacionarse jurídicamente, por sí o

por medio de apoderados, con personas físicas o morales para la contratación de obras, bienes y servicios en nombre de la Universidad. A

partir de esta premisa, se establecen las normas generales básicas que deben observarse en estos procedimientos, sin que se afecten o

limiten las facultades derivadas de la representación legal para fijar las demás condiciones bajo las cuales podrán celebrarse los contratos

o convenios respectivos.

Este Reglamento, además de reflejar la experiencia institucional y las prácticas positivas en cada uno de los procedimientos y

contrataciones correspondientes, considera las orientaciones de las Políticas Generales de Gestión e Integración Universitaria y de las

Políticas Operacionales de Docencia, particularmente en lo que se refiere a:

a)

Fomentar la desconcentración funcional y administrativa para que los órganos personales y las instancias de apoyo asuman

plenamente sus competencias, en la medida que cuenten con el poder legal para ello, se responsabilicen de las contrataciones que

se requieran en la Rectoría General o en las unidades universitarias.

b)

Procurar la continua simplificación y sistematización de los procesos administrativos, para lo cual en los distintos ámbitos de validez

del Reglamento se encauzan y reflejan las facultades que expresamente la Legislación Universitaria concede a los distintos órganos

e instancias de apoyo de la Universidad, además de que se abrevian los procesos de contratación.

c)

Fomentar las relaciones entre las entidades universitarias para impulsar la integración institucional, y aprovechar eficientemente los

recursos, lo que se materializa con la creación de la Junta Administrativa, con la participación de los secretarios de las unidades en

las decisiones que corresponde tomar a la Secretaría General en relación con la emisión de los procedimientos institucionales que

complementan las normas de este Reglamento y con la integración, administración y evaluación del Padrón de Contratistas,

Proveedores y Prestadores de Servicios, y finalmente con la aprobación de este Reglamento.

d)

Propiciar la mejora continua de servicios, infraestructura y equipamiento de bibliotecas, laboratorios, plantas piloto, talleres, librerías,

sistemas escolares y de cómputo, áreas de estudio, culturales y deportivas, entre otros.

e)

Procurar que el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones e infraestructura de la Universidad garanticen el mejor

ambiente, higiene y seguridad.

La Universidad, por su naturaleza de institución pública, tiene el compromiso y la convicción de favorecer y fortalecer la rendición de

cuentas en la administración de sus recursos, por lo que considera como principios básicos para la contratación de obras, servicios,

arrendamientos y adquisición de bienes, la transparencia, imparcialidad y la comparabilidad de propuestas; asimismo, con el propósito de

garantizar la primacía del interés institucional y mejorar permanentemente los procedimientos relacionados con esta materia, se regulan las

condiciones para que en las contrataciones se consideren también elementos de seguridad, calidad, oportunidad, simplicidad, eficacia y las

mejores condiciones económicas y técnicas.

Para procurar la planeación sistemática y permanente de las actividades de gestión institucional, los procedimientos de adjudicación de

obras o servicios relacionados con las mismas, de adquisición de bienes, de arrendamientos o de prestación de servicios, sólo se

realizarán si se encuentran autorizados en el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, salvo cuando se trate de

necesidades supervenientes debidamente justificadas o cuando se ejerzan recursos obtenidos en forma adicional al presupuesto

autorizado para un determinado año.

En congruencia con las políticas institucionales y el principio de simplicidad, una vez que el presupuesto es autorizado por el Colegio

Académico, su ejercicio y la correspondiente aplicación de recursos será responsabilidad del órgano o instancia de apoyo para el que se

haya autorizado, sin que se requiera o condicione a una aprobación posterior de otro órgano y sólo cuando se trate de los recursos

provenientes de convenios o de gestiones institucionales no considerados en el presupuesto, su aplicación estará sujeta a la previa y

expresa autorización del Rector General o de los rectores de unidad, según corresponda.

Para asegurar condiciones de imparcialidad y transparencia en los procedimientos de adjudicación, se establecen prohibiciones para

participar como contratistas, proveedores, arrendadores o prestadores de servicios a determinadas personas, tanto físicas como morales.

Al definir este universo, se consideró la necesidad de regular una excepción, a efecto de que el personal académico pueda participar en

actividades patrocinadas por la Universidad y por las cuales ésta obtenga ingresos económicos, así como brindar certeza a los comités y a

la Junta Administrativa.

Como estos procedimientos y las correspondientes condiciones de contratación pueden ser diversos y específicos, el Reglamento autoriza

a la Secretaría General, por la facultad que tiene para conducir las actividades administrativas generales de la Universidad y para coordinar

las relaciones de la administración de la Rectoría General con la de las unidades universitarias, a elaborar, emitir y hacer públicos los

procedimientos institucionales y demás reglas administrativas que sean necesarias para definir, atender y desarrollar las particularidades

de cada uno de los procedimientos de contratación. Para ejercer esta atribución y los posteriores cambios que se requieran, la Secretaría

General deberá consultar a los secretarios de unidad; asimismo, estos documentos podrán ser revisados y, en su caso, modificados, a

solicitud de alguno de los secretarios. En todos los casos se deberá contar con la asesoría del Abogado General.