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LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

La competencia otorgada al Tesorero General de autorizar y controlar los movimientos bancarios, deriva del ejercicio previo de

una competencia del Rector General de contratar los servicios de las instituciones de crédito correspondientes; en efecto, en la

medida en que autorizar movimientos bancarios signifique ejercicio presupuestal el Tesorero General deberá tener por

delegación esa facultad.

Una consecuencia del carácter orgánico de las reformas es que la estructura administrativa de las instancias de apoyo del

Patronato derivará de las competencias atribuidas a las mismas.

2.2 Desconcentración funcional y administrativa

En observancia del criterio de desconcentración funcional y administrativa se desarrollaron las competencias del Patronato hacia

las Unidades universitarias. Así se presenta este desarrollo cuando se otorga la competencia al Patronato de autorizar

anualmente, desde el punto de vista financiero, la adquisición de bienes en función de montos y órganos e instancias, pues

algunos de estos últimos forman parte de la estructura orgánica de las Unidades. Otro caso es el de formular el inventario del

patrimonio de la Universidad, pues se atribuye a las Unidades practicarlos en el ámbito de sus competencias, aun cuando tengan

la obligación de informar al Tesorero General sobre el particular, para el ejercicio subsecuente de otras competencias

pertenecientes a esta instancia. Otra competencia que ejemplifica la aplicación del criterio es la del Contralor respecto de la

información que debe obtener sobre la aplicación del plan anual de adquisiciones, lo cual implica que no se ejerce el control

presupuestal previamente a cada una de las adquisiciones, sino en forma posterior; esta competencia se complementa con la de

practicar auditorías periódicas o cuando lo juzgue pertinente. Esta modalidad y su complemento se estimaron susceptibles de

aplicación al universo de discurso del control presupuestal.

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COMPETENCIAS RELEVANTES

Una orientación para detallar sus competencias fue la de procurar que el Patronato y sus instancias apoyaran el desarrollo de las

funciones académicas. Reconociendo que el subsidio federal es la principal fuente de recursos de la Institución, por ser ésta una

Universidad Pública, se destaca entre las competencias relevantes que se asignaron al Patronato como órgano colegiado, la de diseñar

y ejecutar estrategias para obtener ingresos adicionales al mismo y procurar la obtención de donaciones y recursos necesarios para

financiar programas específicos propuestos por el Colegio Académico o por el Rector General. Asimismo, se estimó pertinente señalar

entre sus competencias la de fijar y, en su caso, revisar y actualizar las cuotas por los servicios que presta la Universidad de acuerdo

con las Políticas Generales, por considerar que es una actividad necesaria para la subsistencia y mejoramiento de los mismos. En

relación con este tema se alude, en los servicios de apoyo, a la tendencia hacia la recuperación de los costos, principio no aplicable a

los servicios escolares y en particular al de docencia, porque se trata de cuotas por la prestación de un servicio público cuyos cobros se

rigen por otros criterios. En relación con las competencias que tiene el Patronato para proponer acciones de apoyo financiero a los

alumnos, se consideró que éste debe ser comprendido en el sentido más amplio y que busque apoyar el buen desempeño de sus

actividades académicas.

Si bien se establece la competencia del Patronato de emitir lineamientos para la inversión de los recursos financieros se estimó

necesario precisar que dichas inversiones no deberán ser de alto riesgo ni de carácter especulativo.

Un principio en la definición de competencias del Tesorero General y del Contralor fue que agilizar las acciones universitarias no

atentan contra el control de los recursos financieros; por tales razones, se estimó conveniente precisar que la ministración de recursos

sea oportuna y no exigir previamente la actividad de supervisión para cada uno de los actos del ejercicio presupuestal.

DE LAS REFORMAS RELACIONADAS CON LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA

DIRECTIVA

(Aprobadas por el Colegio Académico en la Sesión No. 110, celebrada el 5 y 12 de diciembre de 1990).

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ORIGEN Y PROPÓSITOS DE LAS REFORMAS

1.1

Con el propósito de considerar algunas aspiraciones de la comunidad universitaria relacionadas con la exigencia de mayor

participación democrática y de superar algunas situaciones problemáticas de difícil solución a través de interpretación jurídica, se

tomó la decisión de modificar los procedimientos y criterios de designación de los miembros de la Junta Directiva.

Esta actividad legislativa se orientó por la idea de desarrollar los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Universidad y de

adecuar la nueva reglamentación a la normatividad expedida por el Colegio Académico en procedimientos de designación; asimismo, fue

una preocupación reconocer las prácticas observadas en designaciones anteriores relacionadas con miembros de la Junta Directiva.

Una consecuencia de los propósitos normativos señalados fue la de incorporar estas reformas al Reglamento Orgánico de la

Universidad, por ser éste el ordenamiento en el cual se desglosan y precisan las competencias previstas en la Ley Orgánica.

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ALCANCE DE LAS REFORMAS

2.1

En atención a lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica se exige, en una nueva disposición, que al menos tres de los miembros del

personal académico integrantes de la Junta Directiva tengan la categoría de profesor titular de tiempo completo por tiempo

indeterminado en la Universidad. Con esta regla se pretende que la Junta Directiva tenga un mejor conocimiento de la Universidad a

través de la participación de los miembros del personal académico con mayor injerencia en los quehaceres universitarios.

2.2

Una preocupación fundamental fue mantener la condición de que al menos tres de los miembros de la Junta Directiva formen

parte del personal académico de esta Institución; se decidió por esta razón, que cuando uno de estos miembros afectara dicha

condición se procedería a su reemplazo mediante una nueva designación, siempre con la exigencia de que permanezcan tres

miembros del personal académico con categoría de titulares de tiempo completo por tiempo indeterminado.

2.3

En aras de propiciar una mayor participación en los procedimientos de designación de miembros de la Junta Directiva se concedió, a

todos los miembros de la comunidad universitaria, el derecho de proponer candidatos. De esta manera, se admite un registro público de

candidatos.