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LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

La obligación a que alude el párrafo anterior, se complementa con las disposiciones del Tabulador para Ingreso y Promoción del

Personal Académico, que prevé, para efectos de promoción, determinado puntaje; además, se consideraron como funciones

relacionadas con la preservación y difusión de la cultura, las de elaboración y asesoría de planes, programas y proyectos de

servicio social.

Se estimó conveniente precisar que si en el desarrollo o en la evaluación de los planes, programas o proyectos surgiera alguna

de las causas que el mismo Reglamento señala, se someterían a la facultad discrecional de los órganos colegiados respectivos

para que éstos decidieran sobre la continuación, cancelación, suspensión o modificación de los mismos.

4.3 De la prestación y acreditación del servicio social

En el Reglamento se exige como requisito para iniciar la prestación del servicio social cubrir, al menos, el 70% de los créditos de

la licenciatura correspondiente. Este mínimo no excluye la posibilidad de establecer uno mayor en planes, programas o

proyectos, en ciertas carreras, en atención a sus características especiales, como es el caso de los estudiantes de las

profesiones para la salud.

Este mínimo se fijó, también, para que el prestador del servicio cuente con los elementos profesionales suficientes y por lo tanto,

esté en aptitud de prestarlo. La competencia de la Universidad para determinar este mínimo deriva de su responsabilidad de

hacerse cargo de la prestación del servicio social de sus estudiantes.

En el Reglamento se exige a los alumnos se incorporen en proyectos adecuados a su perfil profesional: esta decisión se apoya

en las Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana, en las cuales se establece la acción de “procurar que las

actividades realizadas durante la prestación del servicio social sean acordes con los objetivos que la Universidad ha definido para

las carreras”, y se concreta en la obligación de prestar el servicio social en actividades vinculadas con los planes y programas de

estudio de la licenciatura cursada. Dicha exigencia también es válida para los alumnos que realizan actividades que por

disposición legal impliquen el cumplimiento del servicio social. En consecuencia, no se puede acreditar un servicio social de este

tipo, si no está rigurosamente ajustado a la obligación señalada.

La facultad de evaluar a la que se refiere el artículo 15 del Reglamento, corresponde a los órganos colegiados y la forma de

evaluar puede ser diferente según los planes y programas de estudio. En caso de proyectos se estima conveniente la elaboración

de lineamientos particulares emitidos por los Consejos Divisionales para evaluar los proyectos de servicio social.

A este respecto se recomienda que la evaluación se considere como un proceso continuo, con un alcance integral y participativo

por medio del cual sea posible captar, analizar e interpretar de manera oportuna, la información relevante para juzgar

objetivamente las alternativas de solución y apoyar la toma de decisiones.

Asimismo, los prestadores del servicio social, pueden realizar una evaluación del plan, programa o proyecto en que estuvieron

inscritos, al momento de presentar su informe final, específicamente al señalar los objetivos y metas alcanzados, así como al

establecer los resultados y conclusiones, previstos en el artículo 29.

En el supuesto de que exista una renuncia en forma expresa y con una causa justificada o bien abandono, entendiéndose éste

como renuncia tácita a un plan, programa o proyecto, el órgano personal correspondiente podrá autorizar nuevamente la

inscripción a los mismos, tomando en consideración la opinión, que para el caso específico obtenga de la consulta previa con el

asesor y el prestador del servicio social.

Para los casos en que se suspenda o cancele un plan, programa o proyecto de servicio social, sin que sea imputable al alumno o

al egresado, se les podrá reconocer el tiempo dedicado al mismo y las etapas en las cuales participaron.

Una práctica reconocida en el Reglamento está relacionada con dicha prestación del servicio social en planes, programas y

proyectos de otras instituciones. Se admite esta práctica, sin pretender propiciarla, si se adecua tanto a los requisitos básicos

establecidos en el Capítulo de disposiciones generales como a los que se señalan en el artículo 12, para la prestación del

servicio social en planes, programas y proyectos aprobados por los órganos colegiados de la Universidad.

El Reglamento también establece la hipótesis de “actividades que por disposición legal impliquen el cumplimiento del servicio

social”, como la de los trabajadores de la Federación y del Distrito Federal.

En relación con los trabajadores de la Federación fue necesario aclarar que tienen ese carácter aquellas personas que prestan

sus servicios en la administración pública federal, centralizada y paraestatal. La centralizada la integran la Presidencia de la

República, las secretarías de Estado, el Gobierno del Distrito Federal y las procuradurías General de la República y de Justicia

del Distrito Federal; la paraestatal la conforman los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las

instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y

de fianzas, así como los fideicomisos.

En cuanto a los poderes legislativo y judicial, quienes presten sus servicios en ellos, también se consideran trabajadores con ese

mismo carácter. Respecto a los trabajadores al servicio de los Estados y de los Municipios, la Universidad podrá acreditar el

servicio social prestado, siempre y cuando se trate de un plan, programa o proyecto aprobado por la Institución.

A fin de cumplir óptimamente con la responsabilidad atribuida a la Universidad en estos casos, se establece el cumplimiento de

algunos requisitos para acreditar el servicio social. Se exige la constancia oficial de servicios, la cual se califica de oficial, porque

debe ser emitida por autoridad competente y, por tanto, no se aceptaría una constancia expedida por quien carece de dicha

competencia. También se exige que la prestación del servicio social sea desarrollada en actividades relacionadas con el perfil

profesional de la carrera cursada.

Se consideró pertinente señalar que la acreditación del servicio social en la Universidad, por parte de sus trabajadores, es posible

legalmente, pues ésta es un organismo descentralizado del Estado y por lo mismo, puede válidamente ser receptora del servicio,

de acuerdo con el Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones.