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[Semanario de la UAM | 16•01•2017]
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CIENCIA
La participación ciudadana profundiza la
comprensión del funcionamiento de la estructu-
ra política predominante en la capital del país,
ya que al saber cómo se forma, actúa e impide
o propicia la intervención que, “como hemos vis-
to, ha sido obstaculizada de manera constante”,
revelando los mecanismos de dominación en la
Ciudad de México.
El académico galardonado destacó que en
2010, 2013 y 2016, los comités ciudadanos
fueron asociados “a algo que suena muy bien,
denominado presupuesto participativo”, pero al
mismo tiempo sus atribuciones legales han sido
restringidas y los actores políticos lograron que
los comités electos provengan de las planillas
vinculados a sus grupos de interés.
Entre las modificaciones a la Ley de Parti-
cipación Ciudadana resalta el otorgamiento de
tres por ciento del presupuesto delegacional
para la realización de obras propuestas por los
comités, lo cual no ha funcionado porque los ór-
ganos vecinales manipulados por las autoridades
solicitan proyectos que de cualquier manera se-
rán ejecutados con presupuesto operativo anual.
En los casos en que éstos no están manejados
resulta complicado el desarrollo de las obras, que
son rechazadas con el pretexto de que no cubren
los requisitos técnicos o financieros. Estos hechos
fueron tan graves que el Instituto Electoral del
Distrito Federal –organizador de los comicios ve-
cinales y del presupuesto participativo– pidió que
se modificara la ley para que interviniera la con-
traloría con el propósito de cumplir las peticiones
de los comités que no habían sido atendidas.
Empoderamiento social
En 2013, por ejemplo, 300 órganos de represen-
tación solicitaron camiones de basura, lo cual no
era casual y mostraba el sometimiento a los inte-
reses delegacionales o de la autoridad central, ya
que ocho meses antes el jefe de gobierno había
dicho que faltaban transportes recolectores y
que había que comprarlos.
“No dudo que se requieran esos vehículos,
pero no recuerdo a alguien que haya dicho:
usemos nuestro presupuesto para adquirirlos”,
lo que constituye tan sólo un ejemplo “de la
manipulación de la solicitud del dinero”, apuntó
el investigador.
Uno de los problemas que ha despertado la
protesta de la ciudadanía es el inmobiliario, aun
cuando “los vecinos no tenemos capacidad legal
para incidir en las políticas públicas delegacio-
nales” ni en los contratiempos, es decir, no hay
margen de que la sociedad influya y el concepto
de presupuesto participativo se reduce a opinar y
no a decidir en qué se gastará el dinero, expresó.
El libro
Participación ciudadana y estructura
política en la Ciudad de México
analiza la es-
tructura política en la entidad –dominada hasta
2015 por el PRD y ahora confrontada con una
facción que ha integrado su propio partido
bajo las siglas de Morena– y cómo debiera, en
su caso, propiciar esa práctica en el proceso de
empoderamiento social.
El gobierno perredista se comporta como
hizo el PRI cuando dirigía la capital y como hace
el PAN en la Delegación Benito Juárez, es decir,
“no quieren saber nada de los ciudadanos, más
que para que aplaudan porque arreglaron un
parque y para lo cual reúnen a quienes han reci-
bido algún beneficio del gasto social”.
El doctor Tejera Gaona señaló que la parti-
cipación ciudadana busca impulsar la capacidad
de incidencia de los vecinos en el quehacer gu-
bernamental, pero está legalmente limitada y
obstaculizada para que logre influir. La sociedad
civil puede ser consultada mediante plebiscito,
referéndum o consulta, pero ninguna de estas
figuras legales es vinculatoria.