Semanario de la UAM. Vol. XXIV No.26 5-Mar-2018

[Semanario de la UAM | 05•03•2018] 6 EDUCACIÓN La autonomía universitaria debe sujetarse a las leyes: Eduardo Peñalosa Este principio es compatible con la transparencia, afirmó el Rector General de la UAM E l principio de autonomía es cien por ciento compatible con los de transparencia y acceso a la infor- mación, por tratarse de un derecho humano semejante a la ética universal, sostuvo el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La libertad universitaria debe su- jetarse a las leyes nacionales, pero también permite un autogobierno con participación –en el caso de esta institución y otras escuelas nacionales autónomas– de profesores, alumnos y personal administrativo en los órganos colegiados para dictar normas, estruc- turas orgánicas, requisitos de ingreso y titulación, entre otros instrumentos. En sus funciones sustantivas –en- señanza, investigación, divulgación y expresión libre de ideas– así como en los procesos de financiamiento y des- tino del gasto en educación deben ser transparentes ante la sociedad, señaló en la presentación del libro Estudio sobre los alcances del derecho de ac- ceso a la información en universidades e instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deri- vado de la reforma constitucional en materia de transparencia. No puede hablarse de autonomía absoluta sino de aquella enmarcada en una legislación específica y acorde con las normas nacionales e interna- cionales, precisó el Rector General. En la obra, el autor –Jorge Islas López, ex abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– apunta que las insti- tuciones de educación superior dotadas de esta facultad, si bien no son órganos independientes constitucionales como sí lo son el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral e incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sí son entes de de- recho público que gozan de soberanía otorgada por la ley y realizan funciones consideradas como políticas de Estado. Las universidades públicas operan gracias a un subsidio proveniente de recursos a los que los mexicanos “con- tribuimos con impuestos”, por lo que si aquéllas viven de las aportaciones de la sociedad deben rendir cuentas de manera transparente sobre el uso que dan a los ingresos que reciben, sin que esta información menoscabe su derecho de libertad de cátedra, inves- tigación y expresión de las ideas. El doctor Peñalosa Castro coincidió con el doctor Islas López en que este principio es cien por ciento compatible con los de transparencia y acceso a la información, ya que son temas funda- mentales para las escuelas y aunque la Casa abierta al tiempo ha operado así sistemáticamente desde su creación, trabaja en un reglamento al respecto. El doctor Juan Ramón de la Fuen- te, profesor emérito y director del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM, comentó que no hay con- traposición entre la autonomía univer- sitaria y la responsabilidad de las casas de estudio de rendir cuentas claras, porque los organismos públicos deben hacerlo, independientemente de quién los administra. Lo más conveniente es que la socie- dad no tenga la menor duda de que los recursos están siendo usados de ma- nera escrupulosa “y para ello hay que someterse al escrutinio de las instancias que tienen la facultad de hacerlo”. La reforma constitucional de 2014 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen pará- metros –que incluyen a las universidades públicas– para todas las entidades de los órdenes de gobierno para adaptarse a esta ordenanza, aseveró el doctor Islas López en el acto, al que acudió también el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI.

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