Globalización, cambios institucionales y 
participación ciudadana en México *
 
*Diana Margarita Favela Gavia
Introducción

Este ensayo examina la idea de que la globalización, entendida como el proceso de intensificación de los flujos de intercambio económico, político, social y cultural entre sociedades nacionales, se ha engarzado en México con procesos de cambio, lo que ha tenido como efecto acelerar el proceso de democratización en el país, en el doble sentido de abrir el sistema político y fortalecer a la sociedad civil. Estos dos procesos se han traducido en modificaciones de las estructuras institucionales que regulan las relaciones entre la sociedad y el Estado, permitiendo un juego más equilibrado de los poderes en el sistema político y abriendo espacios institucionales para la participación ciudadana.

Por ello es que, a pesar de que el proceso de democratización en México está aún en vías de consolidación, mucho se ha avanzado en la última década, en particular en lo referente a la reforma de las instituciones del Estado y, aunque en menor proporción, a la creación de oportunidades para la participación ciudadana.

Se analizarán los avances institucionales del sistema político mexicano y las tendencias de cambio en la legislación referida a la participación ciudadana que en la última década han implicado la ampliación de los espacios democráticos en México.

Este trabajo se divide en dos partes: la primera desarrolla la relación entre globalización y transformación del sistema político cerrado y la segunda examina la apertura institucional y la participación democrática.
 

 * Preparado para el seminario internacional "Globalización, sociedad civil y movimientos ciudadanos en América Latina y Canadá", organizado por CALACS, UAM-I, Embajada de Canadá, El Colegio de México y El Colegio Mexiquense, 23-24 de noviembre de 2000.

La globalización y la transformación del sistema político cerrado

Un sistema político es un conjunto de instituciones y normas que definen no sólo la distribución de atribuciones entre los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y las ramas del poder del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), sino que también establecen las normas y el alcance del derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones, sea a través de la representación (partidos políticos) o por medio de formas más directas (organizaciones gremiales, profesionales, ciudadanas). Estas estructuras pueden ser más o menos abiertas, es decir, pueden ofrecer suficientes y adecuados canales para la participación o, por el contrario, constituir un sistema relativamente cerrado (o cerrado en absoluto, como las dictaduras), que en una conformación monopólica y excluyente constriñe las posibilidades de participación ciudadana.

Cuando en un sistema político opera la división de poderes y el federalismo, la estructura institucional ofrece diversos canales para influir en la toma de decisiones. Los ciudadanos pueden intentar promover sus intereses a través de las autoridades locales, estatales o federales, ya sea por medio de solicitudes al ejecutivo, propuestas legislativas o demandas judiciales. Cuando estas diversas vías de acceso mantienen una relativa autonomía, cada una puede constituirse en un canal potencial para que los ciudadanos impulsen, frenen o modifiquen decisiones de gobierno. Aún más, cuando el sistema de partidos es abierto y relativamente equitativo, la competencia electoral constituye una vía más para que la ciudadanía incida en la dirección en que se ejerce el gobierno. Por último, si la organización libre y autónoma de los gobernados es legítima y posible, las oportunidades para tratar de incidir en las decisiones de política cuentan con canales más o menos adecuados y abundantes.

Por el contrario, cuando en un sistema la división de poderes es inexistente y el federalismo no es más que una palabra vacía de contenido, las oportunidades de que dispone la ciudadanía para influir en las decisiones de gobierno son escasas. En el sistema político mexicano vigente hasta mediados de los años noventa el predominio del ejecutivo sobre el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nulificaba la autonomía de estos poderes, cancelándolos como potenciales vías para que los ciudadanos buscaran modificar o influir en alguna decisión de gobierno.

Por otro lado, la disposición piramidal de los niveles de gobierno provocaba que el municipio, constitucionalmente autónomo, en realidad se hallara subordinado por completo a las autoridades federales, por vía directa o por intermedio de las autoridades estatales, las que, a su vez, también eran débiles de manera significativa frente al ejecutivo federal. Esta estructura vertical significaba la supremacía de un solo poder y nivel de gobierno, cancelando así la capacidad de los otros para ser ámbitos de decisión real y, en consecuencia, servir de manera eventual como canales para que la ciudadanía incidiera sobre las decisiones de política.

Si a este panorama agregamos que el sistema electoral estaba controlado por el gobierno y el partido oficial, lo que impedía la realización de elecciones libres y competitivas, resulta que tampoco los partidos políticos constituían una alternativa para influir en la dirección del gobierno. Debido a que las posibilidades de organización ciudadana se hallaban muy restringidas por criterios y prácticas corporativas, tenemos sobre el escenario un sistema político en donde los medios institucionales para influir en la toma de decisiones eran excesivamente estrechos.

Esta cerrazón institucional tenía un doble efecto en la participación ciudadana. Por un lado, la insuficiencia de canales institucionales empujaba a la población a emplear medios no convencionales para plantear y tratar de satisfacer sus demandas.1 Por otro, como los costos que la protesta impone a los participantes son muy altos,2 la ausencia de dichos canales institucionales inhibía el desarrollo de la participación, reduciéndola bien a expresiones oficiales, por medio de las estructuras corporativas controladas por el partido oficial, o bien a muy escasas y marginales expresiones autónomas.
 

En este contexto, la lucha por la democratización se expresaba tanto en la búsqueda de espacios de participación directa como en la urgencia de modificar las estructuras jurídico-institucionales y las prácticas políticas que caracterizaban al sistema cerrado. En esta tarea transformadora, la opinión pública internacional se perfiló de manera paulatina como un potencial aliado de los agentes empeñados en la democratización de México. En este proceso se pueden identificar varias vertientes que convergen para, de esta manera, favorecer la democracia.
 

 
 
 
Por un lado, el interés del gobierno mexicano por transformar la inserción de la economía mexicana en el mercado internacional tenía como consecuencia inmediata —aunque no perceptible al momento— que los agentes económicos internacionales se convirtieran en actores domésticos de creciente relevancia. Junto con ellos, otras instituciones internacionales, ya fueran privadas (fundaciones y ong) o públicas (organismos internacionales, partidos políticos e, incluso, parlamentos y gobiernos extranjeros), también comenzaron a tener incidencia en el ámbito mexicano. Este proceso abrió una fisura en la estructura cerrada del sistema político mexicano. No obstante que la mayoría de estos poderosos agentes externos no disponía de medios institucionales para ejercer algún tipo de influencia en las decisiones de las autoridades mexicanas, en los hechos, al no estar sometidos a las estructuras verticales y monopólicas del Estado mexicano, disponían de autonomía para convertirse en aliados potenciales de grupos y actores domésticos empeñados en la transformación del régimen mexicano.

Por otro lado, la creciente relevancia que adquiere el escenario internacional para el programa de gobierno del grupo en el poder alerta a los actores domésticos sobre el potencial que la denuncia internacional y el apoyo de agentes externos les ofrecen para respaldar sus demandas de democratización. Estos actores domésticos se percatan de que al llevar el debate sobre la liberalización del sistema político a los foros internacionales se abre un resquicio en las estructuras del sistema, y ello obliga a las autoridades a escuchar y responder demandas de los grupos movilizados, so pena de proyectar una imagen al exterior que poco favorece el proyecto gubernamental de apertura económica.

Una tercera vertiente por medio de la cual la dinámica económica del proyecto aperturista favorece las posibilidades de la democratización es la necesidad de la estabilidad. En la medida en que el avance y consolidación de los acuerdos económicos internacionales exigen reducir los riesgos y asegurar la rentabilidad económica de las inversiones, también demandan disminuir la incertidumbre política y garantizar la estabilidad de largo plazo. Y si bien México había vivido un largo periodo de estabilidad bajo el régimen autoritario, desde mediados de los ochenta la agitación electoral y la lucha por comicios transparentes dominaban la escena política nacional, dejando cada vez más en claro que la única posibilidad de lograr estabilidad y certidumbre políticas era alcanzar la "normalización" democrática.

Otra vertiente, a través de la cual la reinserción internacional que el gobierno mexicano promueve empuja hacia el avance del proceso democratizador, es lo que podríamos llamar la necesidad de la homogenización. El contraste con los nuevos socios comerciales, que son de manera simultánea las democracias liberales más consolidadas, evidenciaba los rasgos autoritarios del sistema político mexicano, proyectando dentro y fuera del país la imagen de un Estado con severos déficit no sólo económicos, sino sociales y políticos. Por ello, ajustar la imagen de México con la de sus principales socios comerciales se convirtió en una necesidad e, incluso, en un requisito exigido por algunos de esos mismos socios.3

Por ello, el aumento de los intercambios internacionales ha incrementado el peso de los actores externos en el sistema político mexicano, permitiendo la conversión de la opinión pública internacional en una caja de resonancia para algunas de las necesidades de los actores domésticos que, careciendo de canales institucionales suficientes para presentar sus demandas a las autoridades competentes, aprovecharon la presión internacional como un expediente para ampliar las posibilidades de la participación ciudadana. Este fue el caso de los ejidatarios y pequeños propietarios de Tabasco, enfrascados en una agria disputa contra Pemex, o el caso de los habitantes y partidos políticos que en Chihuahua, como en la mayoría de los estados, estaban comprometidos en la lucha por comicios transparentes y elecciones justas.

Pero la globalización, además de abrir una fisura en el sistema político mexicano por medio de la conversión de la opinión pública internacional en un potencial aliado de actores domésticos empeñados en la lucha democrática, también ha incidido en diversos tipos de actores domésticos.

La exaltación del mercado como mecanismo idóneo para la asignación de recursos entre los actores económicos ha sido un componente fundamental de la globalización y ha tenido como contraparte el redimensionamiento del Estado. Esta transformación del Estado ha implicado el replanteamiento de su responsabilidad social y se ha expresado en el recorte significativo de los programas sociales de los gobiernos. Esta dinámica, por un lado, ha acentuado la desigualdad social, y por otro, ha sido el escenario de un mayor protagonismo de agentes no gubernamentales. Por ejemplo, la política seguida por algunas fundaciones privadas, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales de los países industrializados para canalizar recursos por medio de grupos independientes del gobierno, ha sido una práctica que ha fortalecido a un cierto tipo de organizaciones civiles.

Al convertirse estos grupos en receptores de recursos financieros, en administradores de proyectos y en interlocutores de entidades internacionales, se requiere de manera inevitable su validación como legítimos actores de los procesos sociales, con una identidad reconocida a escala internacional. Esto sin duda significa un apoyo al proceso de fortalecimiento de la sociedad civil organizada, pues la constitución de grupos y asociaciones civiles no gubernamentales multiplica las posibilidades de la participación ciudadana en las áreas de política social. Sin embargo, no hay que olvidar que está presente el riesgo de que estas organizaciones se conviertan en simples operadoras de proyectos transnacionales en cuya definición y diseño no participan.
 

 
 
Apertura institucional y participación ciudadana en México

De forma paralela a la creciente interacción con el exterior, las movilizaciones realizadas por una multiplicidad de actores domésticos a lo largo de las cuatro décadas anteriores empezó a traducirse en importantes cambios institucionales hacia mediados de los ochenta. Las luchas obreras de las décadas de los cincuenta y sesenta por la libertad sindical; las batallas electorales que desde los cincuenta pugnaban por un sistema electoral competitivo, y las luchas campesinas, estudiantiles y ciudadanas por el respeto a los derechos humanos, entre otras, a partir de mediados de los ochenta, fueron de manera paulatina recibiendo respuestas positivas, que aunque parciales y no del todo satisfactorias, conformaron cambios significativos en la organización institucional del sistema político.

Por ejemplo, la declaración judicial de la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión, que había sido instrumento privilegiado para el control corporativo de los trabajadores al servicio del Estado,4 constituye una primera respuesta positiva a las luchas por la libertad sindical. Las constantes modificaciones a la legislación electoral y la ciudadanización del órgano encargado de normar los comicios5 también constituyen respuestas positivas a largas y cruentas luchas emprendidas por lograr elecciones transparentes y justas. Por otro lado, la modificación de algunas atribuciones constitucionales y extraconstitucionales de la presidencia ha significado la posibilidad de un mayor equilibrio entre los poderes del Estado.6 En ese mismo sentido ha funcionado el fortalecimiento de las instituciones judiciales y las encargadas de la defensa de los derechos humanos.7

Por lo demás, los años ochenta fueron de una gran actividad social. Junto a la arena electoral, que se convirtió en uno de los ámbitos privilegiados del debate y la lucha política, la demanda del derecho a la participación se expresó de manera masiva, no sólo en la solidaridad desplegada en apoyo a la población afectada por situaciones de desastre, sino también en la vertiginosa multiplicación de organizaciones ciudadanas reunidas en torno de muy variados temas de la vida social.

Esta realidad que impulsa cambios importantes por la vía de los hechos en la vida social del país, de nuevo impone al gobierno la modificación de las estructuras jurídico-institucionales, que no obstante orientarse de forma primordial hacia el mantenimiento del control de la participación ciudadana, no pueden impedir la paulatina y accidentada apertura de mayores espacios democráticos.

Sin embargo, hay que destacar que en todo este proceso de modificaciones legislativas e institucionales, la dinámica en la toma de decisiones mantuvo —con muy señaladas excepciones— el ritmo tradicional del sistema político cerrado. Los cambios de política y las reformas legales fueron propuestos por las autoridades administrativas, y aunque contaron con el creciente concurso de algunos partidos políticos, continuaron excluyendo a los grupos y organismos ciudadanos del proceso de elaboración y discusión de dichos cambios. Así, por ejemplo, aunque las reformas sobre derechos humanos hayan sido en buena medida resultado de la labor de las ong dedicadas a su defensa, estos grupos no formaron parte de las comisiones que elaboraron las reformas legales, ni sus propuestas fueron incorporadas de manera explícita como parte de los cambios. Lo mismo sucedió con las modificaciones a la legislación electoral, e incluso con los cambios impulsados a las leyes sobre protección ecológica o de promoción de la vivienda popular, con el muy excepcional caso de la CUD.

Así, a lo largo de los ochenta y principios de los noventa prevaleció la cerrazón institucional, que, aunque atenuada, permitió al gobierno la práctica tradicional de ofrecer cambios de política que en cierto grado satisfacían las demandas planteadas por los grupos movilizados, pero sin reconocer la legitimidad de las organizaciones promotoras como actores de pleno derecho en el sistema político. El control sobre el Congreso de la Unión y el sistema judicial siguió permitiendo al ejecutivo federal imponer las reformas y dictar las políticas sin acceder a que la sociedad organizada participara en el proceso.

Sin embargo, se fueron gestando algunos cambios y la opinión ciudadana ya contaba en algunos ámbitos. Primero es reconocida en forma legal como factor a ser tomado en cuenta, un "consultor" que tiene voz, aunque no voto, entendiendo su participación todavía como una concesión que en poco o nada obliga a las autoridades, y no ya como un derecho inalienable de la ciudadanía.8 No obstante, a lo largo de la primera mitad de los noventa algunas leyes incorporan la participación ciudadana como una condición para el ejercicio democrático del gobierno, aunque todavía la definen en términos estrechos o no contemplan procedimientos adecuados para ejecutarla.
 

 
 

Hacia fines de los noventa la ininterrumpida labor de las organizaciones sociales y la lucha en la arena electoral han ampliado los canales para que la pluralidad de la sociedad se manifieste de manera más extensa. Los triunfos electorales de la oposición en algunas gubernaturas y legislaturas estatales, abrieron una grieta importante en el control vertical que ejercía el gobierno federal sobre las administraciones estatales. Por otro lado, con el triunfo de la oposición en la Cámara de Diputados se abrió otro muy importante canal para la participación ciudadana, pues al quebrar el monopolio del partido del Estado sobre el cuerpo legislativo, se rompió una correa fundamental del presidencialismo, uno de los elementos centrales del sistema político cerrado.9 Finalmente, la alternancia en la presidencia, si bien no equivale a la realización integral de la democracia, sin duda revela la fortaleza de la sociedad y multiplica las posibilidades de que la participación ciudadana se convierta en un derecho inalienable y efectivo, que abarque cada vez más áreas de política y cada vez más ámbitos de la vida pública.

Veamos cómo se expresa esto en algunas leyes que directa o indirectamente están relacionadas con la participación ciudadana. Un rasgo que resalta es el tratamiento heterogéneo de ésta en la legislación. Tenemos leyes que podríamos denominar "autoritarias", que en términos generales ignoran o desconfían de la participación ciudadana. Así, o bien no se reconoce el valor y la necesidad de la participación, o se define en términos muy estrechos, como consulta o denuncia, y la reglamenta en exceso. Son los casos, por ejemplo, de la Ley General de Salud (1984), la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social (1986), el Decreto 312 del gobierno del estado de Oaxaca (1996) o la Ley General de Protección Civil (2000).

Por otro lado, tenemos normas que podríamos denominar "intermedias", pues si bien ya no muestran una marcada desconfianza hacia la participación ciudadana, tampoco le conceden la importancia debida en un régimen democrático. Estas normas ya definen la participación de un modo más amplio, pero muchas veces no disponen de la creación de mecanismos para hacerla efectiva, o bien entienden la participación sólo como puesta en marcha de programas en cuyo diseño y aprobación, sin embargo, la ciudadanía no interviene. En esta situación tenemos la Ley de Salud del df (1987), la Ley General de Asentamientos Humanos (1993), el Plan Nacional de Desarrollo (1995) o el Programa de Modernización para la Administración Pública (1995).

Asimismo, se cuenta con la legislación que podemos llamar "democrática", que define de manera más comprensiva la participación como el derecho a elaborar propuestas de política y a intervenir en la evaluación de las mismas. Además, esta legislación define mecanismos concretos y adecuados para llevar la participación ciudadana a la práctica. En este grupo están la Ley General de Educación (1993), la Ley General de Sociedades Cooperativas (1994), la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (1998), la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal (2000), la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (2000) y la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (2000).

La heterogeneidad en el tratamiento a la participación ciudadana que se percibe en este conjunto de normas refleja de manera clara que la transición democrática del sistema político mexicano se encuentra aún en proceso de consolidación. La coexistencia de leyes autoritarias y democráticas refleja la complejidad y diversidad del marco legal e institucional que norma la participación ciudadana y evidencia que la democratización es todavía un proceso inacabado, en la medida en que persisten numerosas regulaciones autoritarias.

Por otro lado, un somero análisis cronológico de la legislación muestra las tendencias de cambio en el sistema mexicano. Estas tendencias revelan el tránsito desde un sistema político cerrado, en donde los canales para que la población incida en la toma de decisiones son escasos e inadecuados, hacia un sistema político más abierto, con más y mejores medios para encauzar las necesidades de participación de la ciudadanía organizada. El examen de las fechas en que fueron promulgadas las distintas normas y reglamentaciones permite observar que son las más recientes las que dan un tratamiento más democrático a la participación ciudadana, le otorgan mayor relevancia, la definen en términos más completos y establecen procedimientos más adecuados para su instrumentación.

Hay que hacer notar, sin embargo, que aun las normas más avanzadas no determinan un concepto integral de la participación. Ninguna norma establece el derecho de los ciudadanos a decidir de manera conjunta los contenidos, objetivos, recursos materiales, mecanismos de instrumentación y la evaluación de las políticas públicas. Hoy por hoy, la participación se traduce, en la mayoría de los casos, en la demanda y eventual propuesta ciudadana de programas específicos, cuya incorporación a los presupuestos sigue siendo una atribución exclusiva de las autoridades administrativas.

El proceso complementario es la participación como operacionalización de políticas. Desde fines de los ochenta numerosas organizaciones civiles, en especial las dedicadas a la promoción del desarrollo, se convirtieron en ejecutantes de una parte de la política social a través de los Comités de Solidaridad, sin que ello les permitiera tomar parte en el diseño de dichas políticas, ni en la elaboración de los presupuestos con los cuales operaban. De esta manera, a pesar de experimentar un creciente involucramiento con los programas y acciones vinculados a la promoción del desarrollo, las OC no se convirtieron en la misma proporción en actores con poder de decisión sobre las áreas de política en las que intervienen.10

 
 
   
Conclusiones

Puede decirse, en general, que el actual proceso de globalización tiene tres guías fundamentales. Primero, la tendencia a la exaltación del mercado como mecanismo idóneo para la asignación de recursos entre los actores económicos, con la consecuente reducción de las funciones reguladoras del Estado. Segundo, la confirmación de la democracia liberal como el sistema de instituciones y prácticas políticas más adecuadas para lograr la estabilidad y el equilibrio entre los actores políticos. Tercero, la identificación del ciudadano como la unidad básica y fundamental del desarrollo, con el corolario de que al reducirse la relevancia del Estado es la sociedad organizada la que debe fungir como agente fundamental del desarrollo.

Sin embargo, como proceso social la globalización no se halla exenta de tensiones y contradicciones, que incluyen de manera muy señalada los conflictos que resultan de la polarización social, asociada al entronizamiento del mercado y a la disminución del papel regulador y de la responsabilidad social del Estado. Así, mientras la globalización puede acentuar y fortalecer procesos de cambio democrático en curso en las sociedades nacionales, también puede generar o acelerar el desarrollo de procesos que inhiban o revoquen los avances democratizadores. Hay que recordar que la democratización no es un proceso irreversible, que las condiciones económicas y sociales de acentuado desequilibrio son un caldo de cultivo para la emergencia de regímenes no democráticos. La polarización económica y social que la globalización ha acentuado en México en los años recientes crea condiciones que pueden conducir a la reversibilidad de la democracia. Ello, a pesar de la virtuosa asociación entre mercado y democracia elaborada en forma teórica por Przeworski. Así pues, si bien la intensificación de los flujos entre sociedades nacionales hasta hoy se ha articulado de manera favorable con las luchas por la transformación democrática en México, hay que subrayar que este círculo virtuoso no está garantizado y que las reformas institucionales no ofrecen una garantía absoluta sobre un futuro democrático. Por ello, consolidar los cambios institucionales y ampliar las posibilidades de la participación democrática en México exige impedir que se profundice la polarización social que hasta hoy ha sido signo de la globalización.• 

* Diana Margarita Favela Gavia es licenciada en sociología por la unam, maestra en economía y política internacional por el cide y maestra y doctora en ciencia política por la Universidad de Tulane. Pertenece al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam. Publicaciones recientes: "Las huelgas de junio de 1983: una coyuntura de crisis en la relación Estado-sindicalismo", en Alejandro Álvarez (ed.), La clase obrera y el movimiento sindical en México (México, UNAM, 1990), y "El marco jurídico-institucional que regula las actividades de las organizaciones civiles en México: en busca de la participación democrática", en Jorge Cadena (coord.) (en prensa).
Notas

1 En este ensayo no nos ocuparemos de esta vertiente, que ya en otra ocasión examinamos. Véase Margarita Favela Gavia, "Popular Protest and Policy Reform in Mexico, 1946-1994: The Dynamics of State and Society in an Authoritarian Regime", tesis doctoral, Universidad de Tulane, 2000.

2La participación como protesta demanda no sólo más tiempo y dedicación, sino también implica los costos asociados a una eventual represión. En contraste, la participación por medio de la firma de peticiones o de propuestas legislativas consume menos tiempo y es menos riesgosa.

3Los enfoques sobre la democracia son diferentes en Estados Unidos y Europa, pues mientras los primeros acentúan los mecanismos electorales, la segunda privilegia la participación social y económica. Eso implica que mientras eu no introdujo el tema de la democracia en las negociaciones que llevaron a la firma del tlc, sí fue objeto de discusión en las conversaciones para lograr el tratado con la Unión Europea. Y es que aunque el Tratado de Roma (1957), que da origen a la Comunidad Económica Europea, no contenía requisitos explícitos en materia de democracia, la CCE desde 1962 ha aplicado una cláusula democrática que sostiene que "Sólo pueden pasar a ser miembros de nuestra comunidad aquellos Estados que garanticen en su territorio prácticas auténticamente democráticas y el respeto de los derechos y las libertades fundamentales". Véase Whitehead (1986).

4Resolución de la scjn del 21 de mayo de 1996, que ampara la libertad sindical.

5Las reformas electorales se sucedieron desde 1978 cada vez de manera más acelerada, hasta lograr una normatividad que posibilita una competencia electoral más justa y transparente. La ciudadanización del ife constituyó un factor central en este proceso.

6Entre las primeras destaca la reforma que impuso la necesidad de contar con el apoyo de una mayoría calificada en el Congreso para efectuar reformas a la Constitución (1984), lo que constituyó un recorte aún simbólico pero significativo del poder presidencial. Entre las atribuciones extraconstitucionales del presidente estaba el nombramiento de gobernadores y la selección de muchos miembros del poder legislativo. Este privilegio se fue reduciendo en la medida en que las elecciones dejaron de estar controladas por el gobierno y el PRI.

7La firma de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (6-III-1986); la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (27-V-1983); la firma del Convenio Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura (11-IX-1987); la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (junio de 1990); la promulgación de la Nueva Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura (27-XII-1991) y las numerosas reformas constitucionales encaminadas a fortalecer la autonomía del poder judicial, todas redundan en mayores posibilidades de defensa de los ciudadanos y en un mejor balance entre los poderes del Estado.

8Son los años del gobierno delamadridista cuando se realizan los foros de consulta popular, donde en forma pretendida los ciudadanos interesados pueden hacer oír sus propuestas y reclamos en torno de las políticas de gobierno. En estos experimentos, además de que las autoridades tenían un estricto control sobre los participantes, las opiniones vertidas caían en el vacío, pues no había mecanismo alguno para que incidieran sobre la toma de decisiones.

9Aunque en la legislatura federal 1997-2000 el pri mantuvo el control sobre la Cámara de Senadores, el predominio de la oposición sobre la Cámara de Diputados significó, no obstante todos sus tropiezos, un avance significativo en el proceso de desmantelamiento del control vertical y monopólico del poder que caracterizó al sistema político mexicano desde los cuarenta.

10Esto ha sido subrayado por algunas oc, que ven en esta situación el peligro de que el Estado neoliberal, cada vez menos interesado en la política social, descargue sobre las oc el peso fundamental de la atención a los sectores depauperados que los propios programas neoliberales generan de manera creciente. Véase Carlos Guerra, Nueva estrategia neoliberal: La participación ciudadana en Chile, 1997• 


Bibliografía

Andrew Arato, "Surgimiento, ocaso y reconstrucción del concepto de sociedad civil y lineamientos para la investigación futura", en Alberto Olvera (coord.), La sociedad civil, de la teoría a la realidad, México, El Colegio de México, 1999.

Enrique Calderón y Daniel Cazés, Tecnología ciudadana para la democracia: Una guía de observación electoral independiente, México, unam, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 1994.

Manuel Canto, "La participación de las organizaciones civiles en las políticas públicas", en José Luis Méndez (coord.), Organizaciones civiles y políticas públicas en México y Centroamérica, México, Miguel Ángel Porrúa, 1998.

Margarita Favela Gavia, "Popular Protest and Policy Reform in Mexico, 1946-1994: The Dynamics of State and Society in an Authoritarian Regime", tesis doctoral, Universidad de Tulane, 2000.

————, "El marco jurídico institucional que regula las actividades de las organizaciones civiles en México: En busca de la participación democrática", en Jorge Cadena (coord.), Las organizaciones civiles en México: antecedentes, situación actual, perspectivas y alternativas, México, ceiich. (en prensa).

Carlos Guerra, Nueva estrategia neoliberal: La participación ciudadana en Chile, Cuernavaca, unam, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 1997.

Alonso Lujambio, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, México, unam, 1995.

Gabriela Pérez-Yarahuán y David García-Junco, "¿Una ley para organizaciones no gubernamentales en México? Análisis de una propuesta", en José Luis Méndez (coord.), Organizaciones civiles y políticas públicas en México y Centroamérica, México, Miguel Ángel Porrúa, 1998.

Varios, Reforma constitucional y legal, 1982-1987. Reflexiones y apuntes bibliográficos, México, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987.

Lawrence Whitehead, "Aspectos internacionales de la democratización", en G. O'Donnell, P. Schmitter y L. Whitehead (eds.), Transiciones desde un gobierno autoritario: Perspectivas comparadas, Buenos Aires, Paidós, 1988.