El trabajo central en el que se basó la discusión de este seminario fue la organización de la sociedad civil en diversos ámbitos ante la globalización, proceso muy dinámico que se vive en la actualidad. Ésta se ha caracterizado por un fuerte desarrollo tecnológico en la informática y las comunicaciones, lo que ha propiciado que el análisis de los problemas que aquejan a la sociedad no se haga de manera aislada y que, por lo tanto, la sociedad civil tenga la oportunidad de conocer lo que pasa al otro lado del mundo. En este contexto, las sociedades civiles de América Latina y Canadá no han sido la excepción.

Desde la perspectiva del gobierno de Canadá, en el proceso de globalización es necesario reconstruir las relaciones internacionales, es decir, que éstas se rijan por procesos democráticos, respetuosos de los derechos humanos, que permitan el desarrollo económico, el combate a la pobreza y el mejoramiento del medio ambiente, además de promover la participación de la sociedad civil. Resulta por ello imprescindible que las propuestas de la participación ciudadana se lleven a las cumbres internacionales y que la ciudadanía participe en la negociación de los tratados internacionales de libre comercio, no como una simulación, porque hasta el momento no existe un verdadero diálogo con la sociedad. Se ha cumplido hasta el momento con el requisito de escuchar pero no de dialogar, de plantear argumentos sin llegar a consensos, tal como se observó en Seattle o Praga el año pasado.

Ésta es una de las tareas que promoverá el gobierno de Canadá durante la Cumbre de las Américas a celebrarse en el presente año en este país. La Cumbre pretende establecer una agenda de discusión que incluya el establecimiento de procesos democráticos y de desarrollo económico de la región latinoamericana, así como la participación de la sociedad civil en la discusión de estos temas.

El seminario, denominado "Globalización, sociedad civil y movimientos ciudadanos en América Latina y Canadá", se realizó en la Casa de la Primera Imprenta de América bajo los auspicios de la Universidad Autónoma Metropolitana y con el apoyo de la embajada de Canadá en México. Durante el evento se ofrecieron dos conferencias magistrales, dictadas por George Haynal, subsecretario para las Américas del gobierno de Canadá, y Michelle Falardaeu-Ramsay, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, respectivamente, y cinco mesas de trabajo. A continuación se presentan los principales argumentos e ideas expuestos durante las sesiones de trabajo.
 

En la primera ronda de trabajos del seminario se abordaron temas como la organización y movilización de la sociedad civil y la democracia en el continente americano, procesos que se han ido fortaleciendo en distintos ámbitos sectoriales y geográficos, conformando redes plurisectoriales en las que participan grupos sociales y civiles, tales como sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas, del movimiento urbano popular, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, intelectuales, etcétera.

La participación de la sociedad civil organizada en el continente americano está experimentando un fuerte dinamismo frente al proceso de globalización. Por ejemplo, se expresa en los diversos tratados de libre comercio. Así, encontramos primero a la Red Trinacional frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la Alianza Social Continental frente al proceso en curso de la negociación del Área de Libre Comercio de las Américas —cuyos objetivos son, entre otros, impulsar acciones a partir de estrategias comunes y, a su vez, respetar la diversidad—. En la actualidad la secretaría ejecutiva recae en México (en la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio) hasta la realización de la Cumbre de Quebec. Estas redes de organizaciones civiles han alcanzado un amplio consenso y una gran organización a nivel continental, inclusive con coaliciones similares en Asia y Europa.

En México, la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (rmalc) nació en 1991, como parte de un proceso de creación de una Red Trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá. Más tarde se conformó la Alianza Social Continental, que nació en la Cumbre de los Pueblos realizada en Santiago, Chile, en abril de 1998, donde se reunieron los representantes de organizaciones de todo el hemisferio, de manera simultánea a la Reunión de Presidentes y Primeros Ministros en torno del Área de Libre Comercio de las Américas (alca). Se trata de redes plurisectoriales en las que participan diversas organizaciones sociales y civiles.

El objetivo de estas organizaciones es incidir en la negociación, buscando una globalización desde el interés de los pueblos. En este sentido, ha sido una coalición más bien propositiva, que se ha venido organizando en favor de los derechos de los pueblos, que se expresa en términos de una globalización alternativa en la que se pretende desarrollar una agenda independiente de la de los gobiernos y del comercio, y la definición de una agenda estratégica que posibilite una coordinación efectiva.

En este momento los consensos en el ámbito continental están avanzados y el proceso de discusión continúa a partir de organizaciones plurisectoriales y multinacionales que trabajan por acuerdos, respetando la plena autonomía de cada organización y país.

Las organizaciones y los movimientos de la sociedad civil también han jugado un papel central en el proceso de democratización de la vida pública en México. El origen de estos movimientos lo encontramos en los años sesenta, cuando emergieron nuevos actores sociales que se caracterizaron por su autonomía política y organizativa respecto del régimen. Se trataba de una sociedad civil joven conformada por movimientos populares, obreros y campesinos, así como por nuevas organizaciones empresariales. La política neoliberal de la década de los ochenta propició el desgaste y derrota de los movimientos populares y a partir de 1988 la arena electoral se convirtió en el espacio de expresión que coincidió con la fractura del régimen y el avance de la liberalización política. En esa época la sociedad civil adquirió una nueva forma y definió una agenda novedosa: se trataba de movimientos civiles prodemocráticos, con una alta visibilidad de las ong y sus redes, que reclamaban transparencia en el ejercicio del gobierno, legalidad y apertura de espacios públicos inéditos.
 

Para el caso de México, el gobierno debe ser receptivo a la posición de países que tratan de abrir un diálogo real con la sociedad civil y construir consensos antes de firmar un eventual acuerdo para crear el Área de Libre Comercio de las Américas a partir de 2005. Las naciones de América Latina deben pensar en un proceso de globalización diferente, que beneficie al conjunto y no sólo a ciertos sectores, y comprender que a final de cuentas los gobiernos representan los intereses de la sociedad en su totalidad.

Sin embargo, la discusión del papel de los movimientos civiles y ciudadanos no encuentra su único campo de expresión en el, sin duda, relevante proceso de integración comercial y económica de todo el continente. Más aún, su origen vinculado a la atención de los derechos civiles y humanos sigue ofreciendo un paraje de dimensiones muy extensas. Por una parte, los déficit democrático y de participación política que todavía se mantienen en amplias franjas de la política pública hacen indispensable que los sectores sociales directa e indirectamente afectados por los programas de salud, vivienda y educación, aporten nuevas evidencias para modificar los esquemas de actuación gubernamental, afectados por las severas dosis de parálisis financiera que la etapa neoliberal aplicó. En este sentido, no sólo se trata de que la experiencia acumulada por los organismos civiles en las últimas décadas sea transferida a las dependencias públicas para ampliar la visión y elementos de juicio de los decisores públicos. También se requiere que las definiciones públicas sobre los principales problemas y necesidades sociales se formulen ahora, considerando los nuevos valores democráticos que permean a la mayoría de la población, y que principios como el autogobierno, la subsidiariedad y la gestión comunitaria se incorporen de manera plena en la puesta en marcha de políticas y programas.

Por otra parte, la práctica imposibilidad de que algún movimiento ciudadano pueda mantenerse aislado de la influencia de otros actores nacionales e internacionales plantea el reto de asegurar la creación de un régimen globalizado de convivencia e intercambio sobre bases estables y recíprocas. No sólo se trata de la ampliamente discutida cuestión de los regímenes globales de gobernabilidad, sino de la formulación de bases institucionales y no institucionales de interacción entre los movimientos sociales dentro de un país y entre naciones y regiones distantes entre sí, pero vinculadas por problemas comunes de alcance global y regional. La así denominada "gobernabilidad social" implica la necesidad de que los movimientos civiles puedan articularse entre sí sin que medien instancias gubernamentales o conflictos agudos, que las más de las veces requieren de respuestas urgentes que impiden la debida articulación de demandas y medios, así como el diálogo y el intercambio de ideas y posturas.

El ingrediente fundamental de esta gobernabilidad social es, como resulta obvio suponer, la práctica democrática, que, por contradictorio que parezca, es uno de los principales derroteros sobre los que discurre en la actualidad la formación de las coaliciones y frentes plurisectoriales y multinacionales. Si bien no está a discusión la esencia plural y participativa de los mismos, las cuestiones de procedimiento y la necesidad de crear salvaguardas para los grupos y sectores más pequeños o menos articulados absorben una parte importante del tiempo y los recursos disponibles. De ahí que, tal y como la reflexión de los participantes en el seminario indicó, quede aún un trecho muy largo que recorrer antes de considerar plenamente conformado el ámbito de actuación de los movimientos civiles y ciudadanos a escala global.

Respecto del papel que de manera inevitable los gobiernos y sus organizaciones tendrán en la conformación de regímenes globales, es fundamental reconocer el impulso que los procesos de democratización han tenido en la apertura de los espacios de discusión pública y en el paulatino retiro de estrategias gubernamentales represivas o de imposición de soluciones a problemas sociales. Si bien esto último dista mucho de haber alcanzado todas las esferas de actuación gubernamental, pues aún quedan amplios sectores políticos —tales como el fiscal, el de ciencia y tecnología, el militar, entre otros— en los que la influencia de los sectores sociales es muy limitada, no pueden negarse los avances alcanzados en materia de ampliación de los servicios educativos, de reconocimiento de los derechos de minorías étnicas y sociales y, en general, de la apertura que hay en la actualidad en términos de la influencia de sectores sociales en las determinaciones de múltiples dependencias públicas.

Asimismo, es menester identificar que los movimientos ciudadanos se encuentran en relativa desventaja frente a las organizaciones gubernamentales por cuanto se refiere a las diversas capacidades institucionales para formular soluciones prácticas a cierto tipo de problemas. Esto no significa suponer que las organizaciones estatales cuenten con medios más eficaces para identificar problemas sociales o ubicar las dimensiones geográficas de los mismos. La ventaja relativa que se da en los gobiernos se refiere a que éstos, una vez que reciben de la sociedad un reclamo o una demanda concreta, son capaces de transformarlos en mecanismos y procedimientos que, luego de ser ejecutados con alguna regularidad —por así decirlo, burocratizarlos—, resulta difícil evaluarlos o saber si la cantidad de recursos que absorben son o no aplicados de manera debida. Esta desventaja y la frecuente aparición de fenómenos de control burocrático de zonas geográficas o sectores sociales han dado lugar a nuevas estrategias ciudadanas como las denominadas contralorías sociales o los observatorios de vigilancia del gasto público. Empero, estas fórmulas se encuentran aún en fases muy elementales y, en la mayoría de los casos, los grupos sociales carecen de los medios para aplicarlas con regularidad.

Pobreza, desarrollo sustentable y gestión local

La organización de la sociedad civil en tópicos como el desarrollo económico, la pobreza y la gestión fueron los temas que se abordaron en el segundo día de trabajo.

La reducción de las desigualdades económicas es un elemento indispensable que permitirá la participación plena de todos los ciudadanos en la vida de sus países. Sin embargo, la polarización económica por la que pasa la mayoría de las naciones latinoamericanas, así como el creciente empobrecimiento de los sectores más desprotegidos de estas sociedades, representan una amenaza importante en las condiciones de vida de los países subdesarrollados y, en particular, de la sociedad latinoamericana.

Aquí se planteó que mientras las desigualdades económicas no se resuelvan, las acciones encaminadas por la sociedad civil, a cualquier nivel —internacional, regional o local—, tendrán pocas posibilidades de buen éxito en virtud de los márgenes cada vez mayores de pobreza que se han agudizado en los recientes quince años. En particular, se destacó el problema del endeudamiento excesivo de América Latina y en específico el de los países más pobres del continente, como un elemento que detiene cualquier iniciativa de una redistribución de la riqueza, en virtud de la desventajosa situación de las naciones endeudadas frente a la renegociación de sus adeudos con los organismos financieros internacionales.

Las acciones de la sociedad civil han sido importantes en este sentido, al proponer la condonación total de la deuda externa de las naciones más pobres del continente y del mundo. Sin embargo, los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, junto con los países del Grupo de los Siete, se han dado a la tarea de renegociar estas deudas, imponiendo severos programas de ajuste, que lejos de beneficiar a la población en su conjunto la han ido empobreciendo cada vez más. Las acciones de la sociedad civil han sido importantes, pero hasta el momento no son lo suficientemente impactantes como para hacer desistir a los gobiernos que han negociado ni a los organismos internacionales en esta tarea de imponer muchas restricciones en la renegociación de los adeudos. Mientras el problema del endeudamiento excesivo no se resuelva, los frutos del desarrollo no llegarán a la mayoría de la población.

Las intenciones de los movimientos ciudadanos tienen que considerar de manera prioritaria el problema de la pobreza y el endeudamiento, y confrontarlo con el escenario económico al que se enfrentan los países endeudados, de lo contrario las acciones que no contemplen esto quedarán sólo en buenas intenciones.

Los movimientos ciudadanos también se han dado a la tarea de trabajar de manera ardua en un problema que es común a todos los países: la degradación del medio ambiente y la pobreza, elementos íntimamente vinculados. En todo caso, las propuestas que se hacen son atenderlos de manera conjunta.

Estos temas se estudian por vez primera en la década de los años setenta, como resultado de una inquietud a nivel mundial a partir de la percepción de que la Tierra presenta una crisis ambiental y que se están destruyendo las bases ecológicas de sustentabilidad, en particular a partir de las guerras químicas, bacteriológicas y biológicas, y de la apropiación privada e inconsciente de las riquezas naturales.

En el caso de América Latina, en la década de los setenta se observaron los primeros efectos en el ambiente a consecuencia del modelo de desarrollo económico predominante, caracterizado por una actividad industrial sin regulación, con un alto nivel de contaminación del aire, de los recursos hídricos y del suelo, aunado a la deforestación y pérdida de biodiversidad, la erosión, desertificación y la infertilidad de la tierra a partir de técnicas que agotaban el uso de los suelos agrícolas.

La importancia de los problemas ambientales poco a poco se fue vinculando con la noción de desarrollo, lo que ha permitido tener una visión integral del problema ambiental tanto a nivel local como regional y global.

Estos problemas han llamado la atención de la sociedad civil y de los organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), que en conjunto han tratado de encontrar alternativas para un desarrollo sustentable frente a un proceso de creciente deterioro social y ambiental sin precedentes y que pone en riesgo la sustentabilidad de su proceso. Aquí las propuestas que se han vislumbrado van en dos sentidos; por un lado, que junto a la riqueza económica se generen condiciones y potencialidades para la sustentabilidad de los ecosistemas, lo cual evidentemente implica un cambio en la racionalidad del sistema económico que impera en la actualidad en todo el mundo y que tendría de manera necesaria que contemplar un cambio en la producción de las principales empresas altamente contaminantes. Este aspecto en el corto plazo parece bastante difícil, en virtud de las condiciones económicas de libre mercado, competencia y utilidades que imperan en este mundo globalizado. Por otra parte, es necesario cambiar la visión de los habitantes sobre los problemas ambientales, de tal forma que se integren al quehacer cotidiano y aquí la sociedad civil también tiene una gran función a desempeñar, en la tarea de sensibilizar y educar a la población respecto de esta problemática. La sensibilidad y la educación en este sentido son importantes, ya que, como la experiencia canadiense lo ha demostrado, la aplicación efectiva de leyes ambientales requiere no sólo de la organización y la participación de las comunidades locales, de los trabajadores y de los grupos ambientalistas, sino también de comprender y difundir estos problemas.

Hay que remarcar que en este mundo global no sólo el futuro de muchos campesinos y pescadores pobres está íntimamente ligado al acceso y uso de los recursos naturales, sino también las condiciones de vida de la población que habita el planeta, por lo que en la actualidad los problemas del desarrollo sustentable, además de ser resueltos de manera global, necesitan invariablemente la participación de la sociedad civil.

Sin duda el desarrollo de nuevas tecnologías es un tema de gran relevancia y, como ya se mencionó, es un rasgo característico del proceso de globalización, pero toma particular interés cuando se analiza la forma en que los jóvenes viven los efectos de su uso.

En el contexto de la revolución tecnológica se está conformando lo que se conoce como las "sociedades del conocimiento". Sin embargo, el problema aquí es que no se ha estudiado lo suficiente el protagonismo de los jóvenes como resultado de esta generación informática y de los grandes desafíos que estos cambios implican para estas nuevas generaciones, en aspectos como el empleo, la educación, etcétera. Estos cambios representan para los jóvenes una paradoja, ya que, por un lado, convocan como nunca antes se había visto a un protagonismo de la juventud, pero, por otro, los excluyen, en particular a los menos calificados, a las mujeres y a los indígenas. En América Latina esto es muy importante, ya la capacitación en las nuevas tecnologías no es una herramienta a la que tenga acceso toda la población. El uso de computadoras personales y el acceso a la internet es aún limitado, en tanto la incorporación de nuevas tecnologías en el sector laboral, por ejemplo, reduce la contratación de fuerza de trabajo, lo que se traduce en una disminución de fuentes de empleo. Por esto resulta de gran interés continuar estudiando el fenómeno del desarrollo de nuevas tecnologías y su impacto en las nuevas generaciones que en el corto plazo se integrarán al mercado laboral.

Por último, se habló de la experiencia chilena en relación con las formas de organización de la sociedad civil, la gestión local y la innovación, a partir de una búsqueda de experiencias organizativas que desde el nivel local desarrollen prácticas novedosas de construcción de Estado y ciudadanía. Este programa, que surge a partir de la iniciativa internacional impulsada por la Fundación Ford para apoyar a la innovación ciudadana y gestión pública en 1999, refleja la abundante existencia de nuevas y diversas fórmulas de gestión pública donde el Estado es más cercano a la vida cotidiana de la comunidad, así como de distintas modalidades asociativas por parte de ésta.

Esta propuesta también refleja la búsqueda de instancias de reconocimiento y apoyo a partir de los actores que impulsan las distintas iniciativas, promoviendo experiencias orientadas a ampliar el espacio público de reconocimiento de los derechos ciudadanos, a fortalecer el papel de las organizaciones y acciones ciudadanas en el ejercicio y defensa de sus derechos, y a promover procesos de participación que incidan en el mejoramiento de la gestión pública del Estado a nivel local y su capacidad de diálogo y respuesta frente a las necesidades reales de la comunidad.

Dentro de la diversidad y complejidad de las prácticas organizacionales detectadas en el programa y que ocurren en los espacios locales se contemplan unas muy apegadas a una forma tradicional, mientras que otras son por completo innovadoras. Algunas se orientan al desarrollo de una participación activa y permanente de la sociedad civil en las cuestiones públicas, extendiendo con ello lo público más allá de lo estatal, mientras que otras se fijan metas específicas y acotadas en el tiempo. Algunas tienen una fuerte vocación de asociatividad, mientras que otras se desarrollan de manera autárquica, experiencia que presenta el quehacer en los espacios locales chilenos en la construcción de una ciudadanía que tenga un impacto sobre la gestión local. Entre estas múltiples experiencias se fueron seleccionando aquellas que más destacaban sobre el desarrollo de la ciudadanía y las prácticas de la gestión local y que apuntaban a final de cuentas a una serie de cambios cualitativos en el modo de gobernar.
 

La violación de los derechos humanos es incompatible con gobiernos que se asumen como democráticos, y contraviene los acuerdos que los gobiernos han adquirido con la firma de acuerdos internacionales en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los derechos humanos están íntimamente ligados con la economía, con el medio ambiente, con la situación de las mujeres, de los niños y de los pueblos indígenas.

Es indudable que el estudio de los derechos humanos no tendría razón de ser si no se consideran los de las mujeres, los cuales han sido reconocidos de forma paulatina por la comunidad internacional. Fue en 1994 cuando se transitó del ámbito declarativo a la formalización de la Convención Internacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la cual obliga a los países que suscribieron dicho acuerdo a informar cada cierto tiempo sobre acciones concretas que se hayan llevado a cabo. En el caso de México se ha trabajado para establecer referentes legislativos, aspecto que ha propiciado un permanente conflicto respecto de la forma de abordar la dicotomía entre lo público y lo privado, por lo que la cuestión de género en la legislación es un aspecto que requiere de un profundo análisis.

El concepto de cultura fue analizado con detalle, ya que existe una fuerte discusión al respecto en los trabajos de antropología aplicada frente al desarrollo en el siglo xx, que hicieron algunas propuestas desde la nueva problemática que el contexto global impone. En cuanto al estudio de la cultura resulta importante considerar el análisis de la diversidad cultural, la coexistencia y diferencia de culturas, la democracia y la colaboración en el contexto contemporáneo, esto último como elemento necesario para que los individuos, grupos, instituciones y naciones puedan enfrentar los problemas del desarrollo. El debate resulta de gran importancia, toda vez que las migraciones, las nuevas tecnologías y las comunicaciones no sólo alteran con rapidez la forma de vida de la mayor parte de la población, en particular de los pueblos indígenas, sino que estos cambios avanzan más rápido que las propuestas formuladas por los antropólogos. Estos enfoques se han difundido para enfrentar los fenómenos globales da-da la complejidad, las transformaciones en el tiempo y en el espacio y la incertidumbre. En la actualidad, se requiere para su análisis de equipos internacionales e interculturales con un alto grado de experiencia tanto a nivel teórico como práctico.

En la misma línea de análisis se discutió el cambio que el proceso de globalización ha propiciado, que no sólo es de tipo económico y social, sino también la brecha la entre ricos y pobres dejada a su paso, aspecto que se ha agudizado entre países y en el interior de ellos. El resultado ha sido, sin duda, un número mayor de excluidos, entre los que se encuentran principalmente los pueblos indígenas, los cuales han sido y continúan siendo despojados de sus recursos y conocimientos locales.

La globalización ha afectado de manera decisiva a los pueblos indígenas, ya que transgrede sus costumbres a partir de la imposición de un estilo de vida sobre las tradiciones locales, causando un desequilibrio cultural y natural. En la actualidad para el libre mercado los pueblos indígenas representan una problemática que se debe manejar de manera inteligente, ya que se considera que los pueblos originarios representan un obstáculo para el desarrollo de los países. El caso chiapaneco es ejemplar, pues es una región con enormes riquezas naturales y donde los indígenas tratan de defender su territorio de invasiones y la explotación de sus recursos naturales.

En este sentido, el proceso de globalización tendría que reevaluarse y adelantarse a los efectos negativos y de incertidumbre que ha generado en cuanto a la preservación y mantenimiento de las culturas y derechos de los indígenas. Repensar la globalización implica que sus prácticas ayuden a desarrollar procesos positivos, donde evidentemente el carácter de autonomía de estos pueblos nativos tendría que ser respetado. Lo anterior sugiere un orden mundial diferente que contemple una nueva relación con los pueblos indios, los Estados nacionales y las élites corporativas.

La globalización no sólo ha mostrado efectos negativos, también tendríamos que señalar el impacto observado en los medios de comunicación, que se traduce en un elemento de difusión de lo que pasa en todo el planeta, pero no sólo en las finanzas sino también en las disputas y reivindicaciones de los pueblos indígenas. La constante lucha de estos grupos y sus derechos no es nueva. Sin embargo se observa que, junto con el proceso de globalización, se ha ido conformando también un proceso de transnacionalización de las luchas indígenas en América Latina y un crecimiento de las reivindicaciones políticas de carácter étnico que pueden propiciar el desarrollo de una gran red de ciudades multiculturales, que en conjunto puedan reivindicar sus derechos.

El reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas implica el reconocimiento de la diversidad cultural, del control indígena sobre sus recursos, de los sistemas tradicionales de justicia y la necesidad de aceptar formas de poder compartido, que reconozcan los derechos y tradiciones comunitarios, y aquí los medios de comunicación juegan un papel determinante.

A pesar de que ya hay pocos antecedentes sobre participación entre comunidades indios en diversos países, la cooperación directa entre los pueblos indios se encuentra en niveles poco desarrollados.

Es indudable que cuando se habla de diversidad cultural no se hace referencia a la experiencia de Canadá, país que ha trabajado de manera enorme en la reivindicación de los pueblos indígenas y que ha seguido una política multicultural en los últimos 30 años. Este es un aspecto en el cual se identifican de forma amplia Canadá y América Latina, tal como fue expresado en reiteradas ocasiones.

Canadá ha seguido una política multicultural como resultado de las numerosas migraciones, que se hicieron más visibles desde principios de la década de los sesenta. Sin embargo, esta política multicultural puesta en marcha no ha estado exenta de controversias dentro del país. La cuestión indígena en Canadá añade un componente de controversia más al debate, y aquí es interesante señalar que los habitantes nativos de las tierras de Norteamérica se vieron sujetos a una serie de desventajas políticas, económicas y sociales antes y después de la conformación del federalismo canadiense, situación que en la actualidad los ha hecho un grupo vulnerable, y por ello están en una lucha constante por su reivindicación. Los pueblos indígenas canadienses son una diversidad cultural que es parte de la riqueza humana con la cual se ha desarrollado ese país, junto con los diversos grupos de inmigrantes que se han sumado de manera paulatina. Sin embargo, la lucha de esos pueblos originarios ha sido ardua para encontrar una representación políticamente más equitativa en relación con el resto de la población.

Al parecer la experiencia de Canadá tiene gran importancia para los pueblos indígenas de América Latina, no sólo en cuanto a su incorporación a la vida cotidiana sino también en lo referente al respeto de sus costumbres en la convivencia diaria que implica el dinámico y globalizado mundo actual.

Sin duda la sociedad civil tiene aún por delante una gran tarea en la solución de los problemas ambientales, económicos, sociales, etcétera, pero al parecer su mayor reto es mantener un ritmo de trabajo dinámico en la solución de estos problemas a los que nos enfrentamos en lo que en la actualidad llamamos globalización._•