A más de cinco años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por México con Estados Unidos y Canadá, es posible hacer un balance general de las repercusiones que dicho tratado ha traído para la seguridad nacional mexicana (SNM), aunque algunos políticos y analistas¹ consideren prematuro realizar una evaluación a fondo del mismo. Son partidarios del largo plazo como único referente objetivo. Argumentan que el ejemplo contundente² es la larga marcha hacia la integración de Europa, la cual después de más de cuatro décadas culminó con la conformación de la Unión Europea.³ Sin embargo, sospechosamente, todos y cada uno de los aspectos de las evaluaciones preliminares son positivos; de acuerdo con tales analistas, sólo se requiere de ajustes menores.

Para nuestro país, dadas sus enormes restricciones económicas (tecnología obsoleta, baja productividad, desarticulación de cadenas productivas, etc.), colosales desigualdades sociales (hiperconcentración del ingreso, masiva pobreza y desempleo, minisalarios generalizados, etc.) y persistentes rezagos políticos (sistema electoral excluyente del voto de mexicanos en el extranjero y limitante a alianzas partidistas, con un discrecional financiamiento partidista, y ojalá no más un presidencialismo unipartidista y supralegislativo y judicial, ahora con Fox como presidente) una espera tan dilatada como la europea respecto del TLC, pero también tan diferente, sólo puede llevar a cierta certidumbre: la tendencial cancelación del Estado-nación mexicano.
 

Con palabras más claras: de continuar las fuertes tendencias de integración subordinada a la Unión Americana seremos un Estado colonial o semicolonial norteamericano dentro de muy poco tiempo. Proyección que responde a indicadores generales que conforman un definido proceso de desnacionalización manifestado a varios niveles: 1) la enorme condicionalidad externa perfilada durante la toma de decisiones financieras, económicas y sociales, 2) el irresponsable e irrestricto uso y concesión de los recursos naturales estratégicos (petróleo, gas natural, minerales) y la infraestructura de comunicación (terrestre, ferroviaria, marítima y satelital) del territorio nacional, así como la desprotección de los recursos humanos, y 3) la extranjerización de la propiedad de la planta productiva privada y estatal, tanto agrícola, comercial, industrial y financiera.⁴

El numeral mencionado puede ser recreado estadísticamente con ejemplos concretos, sin mayor problema. Por lo tanto, haremos una revisión teórica de dos conceptos íntimamente relacionados con el de seguridad nacional: el poder y la soberanía nacionales. La revisión conceptual de ambos términos constituyen los dos apartados del presente ensayo, articulados a nuestra concepción de la snm, que a continuación exponemos.

A fin de evitar posibles equívocos con el uso del término, concebimos a la seguridad nacional como una situación donde la mayoría de los sectores sociales de la nación tiene garantizada sus necesidades culturales y materiales vitales a través de las decisiones del gobierno nacional en turno y de las acciones del conjunto de las instituciones del Estado, o sea, una situación de relativa seguridad frente a amenazas
o retos internos o externos reales o potenciales que atenten contra la reproducción de la nación y del Estado. La situación descrita puede concebirse como un proyecto futuro a conseguir o como una realidad de facto a mantener. Por necesidades básicas entendemos los niveles de vida propuestos por diversos organismos de las Naciones Unidas, como son los casos de la unesco y la fao, entre otros.
 

A. El poder nacional posTLC: elementos de evaluación

1. Elementos constituyentes del poder nacional

Cualquier estrategia de seguridad nacional parte de lo que realmente tiene o puede tener un país, o sea, de su poder nacional.⁷ Entendemos por tal concepto la suma de los recursos naturales reales de la nación (Rnr) + los recursos naturales potenciales (Rnp) + los recursos humanos reales (Rhr) + los recursos humanos potenciales (Rhp) + poder adquirido (pa) = poder nacional (pn). Expliquémonos. La primera parte de la sumatoria, Rnr, son recursos naturales de los cuales se conoce con precisión su existencia: reservas probadas de petróleo y gas natural, minerales (cobre, plata, oro y uranio), piedras y maderas preciosas (turquesa y esmeraldas, cedro y caoba), pesquería y nódulos minerales marítimos, etc. Los recursos naturales potenciales (Rnp) son aquellos que están o van a ser sujetos de exploración para determinar su cuantía y posible explotación, como los yacimientos petrolíferos y minerales de la zona territorial y marítima del noreste del país.

Los recursos humanos reales (Rhr) se refieren a indicadores como el grado de capacitación de la mano de obra, la productividad industrial media de la misma, el tamaño y calidad de la planta de docencia e investigación científica y tecnológica, la capacidad industrial, comercial, agropecuaria y de servicios instalada, en fin, la infraestructura social, económica y de transporte existente. Recursos humanos potenciales (Rhp) son los que pueden activarse con base en el fomento de cursos de capacitación laboral y de actualización de conocimientos científicos y técnicos impartidos por universidades y tecnológicos públicos y privados, así como empresas, y mediante la incorporación de nuevas formas y técnicas de producción, la ampliación del nivel educativo general y de la infraestructura aérea, carretera, ferroviaria y portuaria, entre otras.

El poder adquirido (pa) es aquel que potencia de inmediato o a diversos plazos al poder nacional (pn). Ejemplos de impactos inmediatos son la importación de bienes y servicios de alta tecnología, de bienes de consumo popular (maíz, frijol, arroz); y de más largo respiro son los intercambios educativos y técnicos a través de maestrías y doctorados, cursos especializados y seminarios internacionales. Convenios, acuerdos o tratados de índole comercial o cultural simbolizan tales rubros, pero también puede haber tratados militares, acuerdos de combate a las drogas o al contrabando de armas, etc. De igual manera, la repatriación de científicos mexicanos, como la realizada desde hace más de una década por el Conacyt, o la "importación" de los mismos de otras naciones, a fin de fortalecer la planta educativa y tecnológica de ciencias y humanidades a nivel nacional.

El TLC, tratado en apariencia comercial (de hecho un tratado con connotaciones geopolíticas y geoeconómicas evidentes, por más que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo negó sistemáticamente y de igual forma lo hizo Ernesto Zedillo), fue firmado para impulsar nuestro pn. El razonamiento central del TLC, ratificado en 1994, descansaba en una reconsideración estratégica del gobierno salinista: la proximidad geográfica con Norteamérica no constituía más una amenaza real o potencial a la seguridad nacional, como históricamente otros gobiernos habían argumentado de manera implícita. Todo lo contrario, era una oportunidad digna de ser aprovechada, dado que nos daría acceso seguro, vía importaciones, al mayor mercado mundial de bienes y servicios de alta tecnología, así como de salida a las exportaciones mexicanas. Por supuesto, otros convenios pretenden fortificar nuestro pn,⁸ como son los relacionados con la cooperación antidrogas, el antilavado de dinero y contra el tráfico ilegal de armas, entre otros. Más adelante nos detendremos de manera breve a examinar los presupuestos del TLC, por considerarlo piedra de toque para evaluar la snm, así como las amplias y largas repercusiones del mismo para las actuales y futuras generaciones conformantes de la nación y para las instituciones del Estado mexicano. 

Al hacer la lectura del pn se tiende a efectuar diversos reduccionismos, mecanicismos, simplificaciones o sobrestimaciones de algunos de los elementos reales o potenciales del pn. Así, por ejemplo, para el México del presidente José López Portillo, el último gobierno y régimen revolucionarios (según se autocalificó en sus memorias), hoy se diría populistas, la bisagra que nos abriría la puerta de la modernización nacional, e incluso nos daría el estatus de potencia media o regional, era el petróleo, tanto mediante su extracción como sus reservas probadas y potenciales. Un factor productivo abundante constituiría el motor del despegue del desarrollo económico-social presente y futuro a niveles nacional e internacional. Basta releer el Plan Global de Desarrollo 1981-1982 para corroborar y constatar todo lo anterior, así como pasajes realmente desproporcionados respecto de las potencialidades del oro negro.⁹
 

Durante el México petrolero lopezportillista se privilegió un enfoque economicista o de reduccionismo económico, al hacer descansar el esfuerzo colectivo en la abundancia de un recurso natural estratégico (concebido como factor productivo), minimizando o subestimando, por un lado, un conjunto de enormes carencias materiales y culturales internas y, por otro, amenazas o retos externos, en especial referidos a la Unión Americana, dadas las obvias y colosales asimetrías de poder frente a la misma.

No nos detendremos a examinar las restricciones endógenas, entendidas como una específica estructura de relaciones entre las clases sociales y, sobre todo, de una ausencia básica de mentalidad estratégica de la clase gobernante estatal y de la clase económica dominante y, por supuesto, de los sectores dominados. Respecto de las segundas limitaciones, sólo cabe destacar que la abundancia petrolera frente a Estados Unidos nos resultó un efecto bumerán: contribuimos con gusto a llenarle su reserva estratégica de petróleo bajo el pretexto de la crisis de la deuda pública externa desatada a inicios del gobierno de Miguel de la Madrid. Actitud presidencial que fue una abdicación más de cara a Norteamérica, al negarse a conformar un club de deudores latinoamericanos (a fin de renegociar bajo mejores términos el pago de la deuda), usando el argumento de la diversidad de situaciones de cada deuda nacional y de defender mejor el interés mexicano mediante negociaciones bilaterales con los organismos financieros internacionales dependientes de la Unión Americana.

De hecho, constituyó una capitulación más frente a la abierta y pública amenaza norteamericana de no aceptar renegociar el problema de la deuda de manera multilateral o como bloque de países, sino uno a uno, es decir, separados y, por tanto, con mayor debilidad de negociación financiera.

Hoy, 15 años después de la crisis crediticia, una nota periodística y un especialista petrolero apuntan datos relevantes sobre el particular. La nota informa que el Departamento de Energía norteamericano revenderá petróleo mexicano pesado tipos Maya e Istmo, almacenado en su reserva estratégica y comprado de 1981 a 1990. Pemex informa que no puede impedirse su reventa, dado que el contrato de compra-venta con Estados Unidos no estipula la prohibición de revenderlo en el mercado internacional, a diferencia de los contratos con otros clientes, donde sí se establece tal prohibición.¹⁰ Olvidó decir Pemex que el principal país comprador es Estados Unidos, actualmente consumidor de casi 80% de las ventas petroleras nacionales al exterior. No es poca cosa, denota la dependencia abismal del mercado norteamericano.
 

Sobre la información dada por el especialista, puesta sintéticamente, el mismo apunta que desde el gobierno de Miguel de la Madrid se rompió con la política de López Portillo de no vender más de 50% del petróleo a un solo país comprador, con el resultado final de que hoy el porcentaje de 80% representa una vulnerabilidad mucho mayor frente al país vecino. No son sólo repercusiones de debilidad comercial, sino también de seguridad nacional, pues al margen de posibles presiones del gobierno norteamericano, por ejemplo, de prosperar la demanda de dumping de pequeñas petroleras norteamericanas contra México, el efecto cascada resultaría evidente y desastroso para la balanza comercial mexicana (cuyo déficit se agudizaría por la caída en los ingresos petroleros), los ingresos del gobierno federal (si caen los ingresos por exportaciones petroleras, caen los impuestos que paga Pemex) y el gasto social (que sería recortado drásticamente, como sucedió en 1998). Esto terminaría el famoso blindaje financiero con el que se pretendió evitar la crisis de fin de sexenio de Zedillo.¹¹
 

Otra vertiente asimismo de moda intelectual y política es la culturalista. De acuerdo con su más alta y abstracta acepción, se dice así que un faltante clave para la transición política mexicana es la ausencia de una cultura política moderna (tolerante, plural, etc.), y para la época posTLC de una cultura empresarial y laboral modernas, sobre todo la primera, ya que la visión neoliberal asigna la responsabilidad básica al capital o al empresario emprendedor "como principal creador de riqueza". Articulada la necesidad de una nueva cultura empresarial (cultura de control de calidad de productos, de delegación de responsabilidades y de consulta a los empleados, etc.), se postula:

En los albores del siglo xxi, las empresas del mundo compiten más por vía de la calidad y del servicio, y sus herramientas son el conocimiento, la capacitación, la investigación y la apertura hacia el interior de su propia organización; y a pesar de todas nuestras limitaciones y rezagos, ésta es una buena noticia, pues tales herramientas más que el capital están a nuestro alcance. Se necesita querer.¹²

Mayor voluntarismo político no puede haber, pues la realidad cotidiana elimina de la posibilidad de uso de tales herramientas a miles y miles de micro, pequeños y medianos empresarios (sin acceso a crédito abundante y accesible, asesoría técnica oportuna y amplios canales de comercialización hacia el mercado exterior), para no hablar de los millones de trabajadores descalificados y desnutridos, tanto los empleados como los desempleados.
 

Podríamos seguir ejemplificando con diferentes simplificaciones de vertientes economicistas o voluntaristas que, incluso, se entrelazan y complementan. Los ejemplos enunciados son suficientes para plasmar nuestra argumentación. Dejamos al lector que, como ejercicio académico o político, piense otros cotidianos mensajes subliminales donde a partir de una carencia u obstáculo de diverso tipo se pretende explicar el porqué de nuestra falta de competitividad y productividad como socio del TLC, o bien, de lo contrario, cómo la existencia de un recurso natural o humano abundante nos potencia como socios de dicho tratado.

Indudablemente, para impulsar cualquier proyecto nacional de desarrollo se requiere de voluntad política colectiva y de liderazgo, de altos niveles de educación y de ciencia y tecnología de excelencia, de recursos naturales renovables y no renovables abundantes y estratégicos (por fortuna todavía los tenemos y no somos un desierto como algunos países petroleros), de excedente de inversión productiva nacional y extranjera, de una amplia infraestructura económica y social simbolizada por el transporte carretero, ferroviario y marítimo, presas, energéticos industriales de calidad y cantidad, así como de sistemas de vivienda, alimentación y servicios médicos eficientes y amplios, entre otros rubros conformantes del poder nacional.

Sin embargo, los problemas o dificultades empiezan al decidir cómo usar los recursos naturales: cuáles, bajo qué criterios e intereses sociales, de acuerdo con qué tiempos, o sea, de uso inmediato, mediano o largo plazos, con una perspectiva de devastación o de autosustentabilidad. Cómo y bajo qué criterios impulsar la conservación y reproducción de los recursos humanos: ¿son o no "prescindibles" algunos millones de personas para el modelo económico social neoliberal mexicano? Todo ello significa cómo usar el pn.

En pocas palabras, cómo plantearían los principios básicos de cualquier manual de economía (qué, cómo y para quién producir en la sociedad), o de sociología (qué clases sociales y para qué sectores y objetivos nacionales se organiza la sociedad), o bien un breviario de ciencia política que partiría de analizar qué tipo de gobierno, de instituciones civiles y Estado y de relaciones políticas. En fin, el abc de cualquier ciencia que pretenda retomar el pasado, analizar el presente, comprender y pronosticar el futuro del conflictivo y complicado nexo de la economía y la sociedad. Para nuestro caso, el de la seguridad nacional.

No pretendemos, para nada, dar respuesta a las amplísimas interrogantes planteadas, sólo queremos señalar obviedades muy a menudo olvidadas o encubiertas bajo el halo del término seguridad nacional u otro más de moda como el de la globalización. Principios analíticos fundamentales son las formas de producción, distribución y apropiación del producto nacional entre las diversas clases y sectores sociales y los tipos de propiedad sobre los recursos naturales, así como de las alianzas, acuerdos, convenios y tratados con el exterior. Principios que sólo serían eso, un punto de partida para comenzar el análisis de las características del uso del pn y su manifestación en las estructuras del régimen político, de las organizaciones del gobierno federal y de las instituciones del Estado mexicano. Lo anterior nos lleva a bosquejar otro concepto relacionado con el pn y la seguridad nacional: la soberanía nacional.¹³
 

B. La soberanía nacional posTLC:

supuestos y realidades

La firma del TLC por parte del gobierno de México se fundamentó en varios argumentos clave. Primero, que permitiría aumentar el volumen de exportaciones mexicanas de manera sostenida y cierta, libre de barreras y prácticas proteccionistas, lo que a su vez contribuiría a programaciones productivas de largo plazo y a la sólida articulación de redes de mercado, rápida gestión de permisos de exportación, computarizada ubicación de nichos de mercado reales y potenciales, etc. Un segundo argumento esgrimido era que el TLC contribuiría a crear numerosas fuentes de empleo, con alta capacitación laboral y productividad y con el uso de tecnología moderna. La tercera justificación expresada radicaba en que el TLC atraería inversión productiva extranjera, indispensable para "complementar" a la inversión nacional en áreas de alto riesgo o con carencias de tecnología de punta. La última justificante apuntaba que las empresas estatales y paraestatales (sistema carretero, ferroviario, petrolero, minero, etc.), así como los diversos sectores del área agropecuaria, debían abrirse al capital externo e interno para "beneficiarse" organizativa, tecnológica y financieramente de ambos capitales y del expansivo mercado norteamericano.

Todo lo anterior se enmarcaba y justificaba bajo un conjunto de razonamientos complementarios: la única manera de optimizar y racionalizar el uso de los recursos naturales como fuerzas productivas es en manos privadas, nacionales o internacionales y no bajo propiedad del Estado; la mejor manera de elevar la productividad del recurso humano y de la competividad empresarial es mediante la eliminación de los diversos subsidios estatales a ambos y la apertura del mercado interno a la competencia externa. Guía definitiva para decidir quiénes son los trabajadores productivos y los empresarios competitivos es el libre mercado de oferta y demanda de bienes y servicios. El resultado final será un oferta de productos con precios bajos, de calidad, con mayor cantidad y variedad, así como una demanda racional de los mismos, de forma tal que se imponga la "soberanía del consumidor".

Así, éste tendrá poder para decidir un consumo racional de acuerdo con el mejor precio y calidad, sin interferencias
de precios rígidos de mercancías y servicios públicos fijados por el Estado. Y del lado de la oferta el productor se guiará por estrictos criterios de máxima utilidad y uso racional de los factores productivos. Corolario macroeconómico obligado es la reactivación productiva, al aumentar la inversión productiva, a su vez generadora de empleo masivo, bien remunerado y de alta productividad, lo cual llevará tendencialmente al progreso social dentro de un contexto de economía abierta, interna y externa, favorecido y estimulado por el TLC. Corolario macropolítico obvio: el fortalecimiento de la soberanía nacional, al ganar la competencia por el capital, la tecnología y los mercados a otros Estados y quedar insertos y seguros al bloque geoeconómico norteamericano que garantizaría constantes flujos comerciales y no sobresaltos debido a los intereses comunes de aliados y la normatividad contenida en el TLC.
 

Ante el conjunto de suposiciones enumeradas, resulta imprescindible, como cualquier ejercicio académico, cotejarlo con la realidad social y económica imperante en México. Pero antes de efectuar el ejercicio propuesto es menester efectuar una serie de aclaraciones.
 

Empecemos por el final para llegar al principio, es decir, de la actual revolución exportadora de México a la situación inicial pre TLC. La revolución exportadora basa su nombre en las cifras macroeconómicas, como son: el impresionante aumento del volumen de exportaciones, la diversificación de las mismas tanto en el aumento de productos ofrecidos como en el paso de exportar materias primas a bienes manufacturados, el aumento del empleo en la industria maquiladora y de exportación y el incremento del ingreso fiscal por los gravámenes a las exportaciones. Se resalta una diversificación de exportaciones de bienes manufacturados que nos sitúa como "potencia industrial", a decir de diplomáticos norteamericanos y franceses.

No aborda la versión revolucionaria de las exportaciones varios aspectos esenciales. Primero, que el impacto del sector exportador en la tasa de empleo nacional es muy reducido. Segundo, que la reinversión de ganancias del capital exportador es mínima, comparativamente al monto de las mismas. Tercero, que la tecnología utilizada por varias ramas productivas es obsoleta o no contribuye a la calificación ge-neralizada de la mano de obra. Cuarto, que el consumo de materias primas mexicanas es muy restringido, pues el sector exportador usa principalmente insumos importados, contribuyendo así al déficit de la balanza comercial. Quinto, que los salarios pagados por las industrias manufactureras si bien son superiores en comparación con la media nacional, han sufrido una disminución considerable en términos de salario real durante los últimos años. Sexto y último, que las condiciones de trabajo son, en algunos casos, peligrosas y contaminantes, con el consecuente costo humano y ambiental.

Ahora bien, en cuanto a los aspectos particulares del TLC, la inversión extranjera directa es minoritaria frente a la inversión especulativa. La privatización de empresas estatales y paraestatales no ha resultado en beneficio del consumidor, con menores precios y mejor calidad de los productos y servicios; además del malbaratamiento o remate de algunas empresas, otras han contribuido al aumento multimillonario de la deuda pública, como sucedió con los rescates carretero y bancario. Existe parte considerable de la planta industrial, comercial y alimenticia ociosa, así como una desarticulación del sistema productivo.

Para finalizar, conviene señalar que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Ernesto Zedillo giraba alrededor de la defensa de la soberanía nacional,¹⁴ paradójicamente, cuando la soberanía iba más en caída libre y sin red de protección. Soberanía crediticia ultracondicionada por el multimillonario préstamo para pagar los Tesobonos, buena parte en manos de accionistas norteamericanos. Soberanía monetaria devaluada al 100% frente al dólar. Soberanía alimentaria por el aumento de importaciones de granos básicos de consumo popular, con incremento de las exportaciones que ha llegado hasta 80% de algunos de ellos, como el arroz. Soberanía comercial reducida, pues 80% de las exportaciones mexicanas dependen del mercado norteamericano e, igualmente, un porcentaje similar respecto de nuestras importaciones. Soberanía de inversión directa e indirecta debilitada, ya que al igual que el dueto exportaciones-importaciones, del total de inversión extranjera directa 80% es de origen norteamericano como sucede con la de cartera.

Todo nos lleva a que lo estratégico como concepción de Estado, primero, y de gobierno después, desapareció durante los últimos tres sexenios neoliberales. Internamente, el mantenimiento de la seguridad nacional es concebido como un problema de control policiaco-militar y de estabilidad del régimen presidencialista y monopartidista, al margen de consideraciones del grado de legitimidad y legalidad de las instituciones del Estado y del gobierno; claro, ambos dentro del límite que aconseja la gobernabilidad autoritaria. Externamente, la seguridad nacional pasa por la obsesiva e irrestricta atracción de inversión extranjera productiva o especulativa, indistintamente, la privatización-extranjerización-norteamericaniza ción de las empresas públicas estratégicas (comunicaciones, ferrocarriles, marítimas y satelitales, recursos naturales nacionales, diversos minerales y maderas), sin importar la consecuente y drástica reducción de la autonomía relativa para el proceso de toma de decisiones gubernamental y estatal.

El México del liderazgo salinista y zedillista durante y después de la firma del TLC ha mostrado una serie de claudicaciones vergonzantes con Estados Unidos, como son: la aceptación pasiva o complaciente del creciente trato inhumano a los migrantes mexicanos, la mayor injerencia en el combate al narcotráfico, el abierto o disfrazado proteccionismo comercial, la descarga fronteriza de desechos tóxicos, la venta y donación de equipo militar chatarra, la inversión irrestricta en áreas económicas estratégicas, el suministro solícito de petróleo e importación creciente del mismo y de gas natural, entre otras cesiones.

Falta voluntad política a la dirigencia mexicana para elaborar una planeación estratégica de largo plazo, para recurrir a la población civil de cara a presiones internas o externas, para fortalecer y legitimar las instituciones del Estado, para solucionar mínimamente las grandes carencias materiales y morales de la nación. En una palabra, falta legitimar al Estado con acciones concretas frente a la nación y no sólo efectuar medidas selectivas, que no reducen y mucho menos eliminan la pobreza generalizada, el desempleo crónico, los minisalarios de hambre, la educación virtual, la impunidad criminal, la corrupción institucional, la desindustrialización y desastre agrícolas continuos, todos los cuales no van a modificarse un centímetro sólo con la aplicación del famoso estado de derecho. Se requieren profundas reformas estructurales que cambien las relaciones entre las diversas regiones, sectores y clases sociales de la nación y el funcionamiento de las instituciones del Estado estén bajo la supervisión de la sociedad civil, así como de los nuevos poderes surgidos de la misma y que históricamente han quedado sujetos al poder presidencial: los poderes legislativo y judicial de la federación mexicana.

A inicios de siglo México requiere de un gobierno nacional con capacidad de planeación estratégica, con imaginación y audacia política, con un amplio apoyo social activo para construir alianzas externas e internas que permitan reconstruir un Estado nacional democrático en lo interno y soberano en lo externo. Un gobierno que tenga clarividencia para visualizar a México a largo plazo como un Estado-nación y realizar cambios de alianzas de acuerdo con los intereses nacionales. De ser necesario, pasar de América del Norte a América Latina, donde nos unen tradiciones, culturas y necesidades comunes. Donde el ejercicio de una soberanía compartida (con necesarios costos políticos y económicos) es más factible que entre potencias. Donde la seguridad nacional mexicana podría encontrar contenidos nuevos (no como hasta ahora, prooligárquicos) a partir de una correlación de fuerzas que impulsen una nueva práctica de la seguridad nacional (satisfacción de las necesidades básicas de la nación), de la seguridad del Estado (identificación de la nación con las instituciones) y de la seguridad del gobierno: legitimidad de las acciones diarias del proyecto sexenal que fortalezcan a la nación y al Estado a largo plazo.•

¹Ese es uno de los argumentos centrales del libro colectivo Beatriz Leycegui y Rafael Fernández de Castro (coords.), TLCan: ¿socios naturales? Cinco años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, ITAM/Miguel Ángel Porrúa, 2000.

²Caso paradigmático de un férreo defensor del TLC es Sidney Weintraub, El TLC cumple tres años: un informe de sus avances, México, fce/itam, 1997. Para una crítica colectiva a los presupuestos del autor mencionado consultar Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio: Espejismo y realidad: el TLCan tres años después, análisis y propuesta desde la sociedad civil, México, Edipsa, 1997.

³Olvidan o subestiman que entre las naciones europeas se siguió una política de compensación económica gradual para los socios pobres como España, Portugal, Grecia e Irlanda, y no un brusco y brutal aperturismo comercial como el decidido por el gobierno de Carlos Salinas de manera unilateral, por supuesto aplaudido por la contraparte norteamericana. Para un recuento histórico de la política de compensación agrícola europea consultar Arturo León López y Elsa Guzmán Gómez, "Soberanía y heterogeneidad: tres décadas de financiamiento a la agricultura europea", en Cuadernos Agrarios, 13, México, enero-junio, 1997.

⁴Algunos de estos aspectos son abordados por John Saxe-Fernández, "La privatización del sector estratégico y las `exigencias' del mercado", en Memoria, 169, México, agosto, 1999.

⁵Lo muestra, entre otros textos, la recopilación hecha por el general Gerardo Clemente Vega (recién nombrado secretario de la Defensa por el presidente Fox), quien apunta 52 concepciones de se-guridad nacional, las cuales van desde la norteamericana, pasando por la soviética, hasta la cubana y la de diversos especialistas del tema. Gerardo Clemente Vega, Seguridad nacional: concepto, organización y método, México, sedena, 2000, pp. 67-77.

⁶El conjunto de las problemáticas mencionadas es expuesto implícita o explícitamente a través de diversos textos. Véase al respecto Sergio Aguayo Quezada y Bruce Bagley (comps.), En busca de la seguridad perdida: aproximaciones a la seguridad nacional mexicana, México, Siglo XXI, 1989; Sergio Aguayo Quezada, "Un concepto de seguridad mexicana para la década de los noventa", en Jordan Roett, Relaciones exteriores de México en la década de los noventa, México, Siglo XXI, 1998; José Luis Piñeyro (coord.), "Seguridad y soberanías nacionales en América Latina", en Sociológica, 25, México, 1994; José Luis Piñeyro (coord.), "La seguridad nacional en México", en El Cotidiano, 71, México, 1995; Sergio Aguayo Quezada y John Bailey, Las seguridades de México y Estados Unidos en un momento de transición, México, Siglo XXI, 1997; James Rochlin, Redefining Mexican "Security": Society, State and Region Under nafta, Boulder-London, Lynne Rienner Publishers, 1997; Grupo Consultor Interdisciplinario, Carta de Política Mexicana "La seguridad nacional de México", 158-162, México, 1997. Véase los números monográficos "Seguridad nacional", en Revista de Administración Pública, 98, México, 1998, y "Los servicios de inteligencia en el nuevo siglo", en Revista de Administración Pública, 101, México, 2000.

⁷Para apreciar los diversos desgloses de responsabilidad institucional y social del concepto de poder nacional véase Vega, op. cit., pp. 172-255, y Mario Santos Caamal, La esencia de la seguridad nacional, México, Centro de Estudios Superiores Navales, 1996, pp. 35-70.

⁸Con anterioridad hicimos una evaluación teórica y empírica de la concepción salinista de la snm. Véase José Luis Piñeyro, "La seguridad nacional con Salinas", en Foro Internacional, 138, México, 1994.

⁹A principios de siglo, al polemizar Gramsci con las diversas vertientes del economicismo histórico, señaló categórico: "el descubrimiento de nuevos combustibles y energías motrices así como nuevas materias primas para transformar, tienen cierto grado de importancia porque pueden cambiar la posición de los Estados, pero no determinan el movimiento histórico". Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, tomo III, Roma, Einaudi Editore, 1975, p. 1593. Ésta y otras características del economicismo al realizar análisis coyunturales e históricos aparecen en las diversas traducciones al español, una de ellas: Antonio Gramsci, La política y el Estado moderno, Barcelona, Península, 1971, pp. 98-115.

¹⁰Excélsior , 15 de agosto de 1998, p. 5A.
 

¹¹José Luis Manzo, "Perjuicio por mano propia", en La Jornada, 16 de julio de 1999. Sobre la problemática petrolera consultar también José Luis Manzo, Qué hacer con Pemex: una alternativa a la privatización, México, Grijalbo, 1997.

¹²Benito Bucay F., "La empresa mexicana al inicio del siglo XXI", en Nexos, enero, México, 1998, p. 74.

¹³Entendemos por soberanía nacional la autonomía relativa de un Estado-nación para tomar decisiones de carácter interno e internacional que apunten al fortalecimiento o al mantenimiento de la cohesión de la nación frente a las instituciones del Estado y frente a otros Estados. Relativa autonomía, porque no existe o ha existido como condición absoluta, y menos hoy en un mundo globalizado-regionalizado, y menos aún para un país como México. Residencia clásica de la soberanía es la nación, al menos en su versión delegativa y participativa popular real y no en la versión representativa ritual y formal, que es la que prevalece en el supuesto mundo posmoderno. Soberanía nacional para darse la forma de gobierno y Estado, a fin de establecer alianzas externas que los fortalezcan como entes legítimos y legales. Para una revisión de ciertos clásicos respecto de la soberanía consultar Óscar Cuéllar, "La idea de la soberanía en los orígenes de la teoría política moderna", en Sociológica, 25, México, 1995. Para una discusión académica actual consultar Luis González Souza (coord.), Reconstruir la soberanía: México en la globalización, México, La Jornada Ediciones/Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, 1998.

¹⁴"La soberanía es el valor más importante de nuestra nacionalidad; su defensa y fortalecimiento son el primer objetivo del Estado mexicano. La soberanía consiste en asegurar la capacidad de los mexicanos para tomar libremente decisiones políticas en el interior, con independencia del exterior. Por eso, la soberanía no reconoce en el país poder superior al del Estado ni poder exterior al que se subordine... La expresión concreta de nuestra soberanía consiste en preservar la integridad de nuestro territorio y asegurar en el mismo la vigencia del estado de derecho, con la supremacía de la Constitución política y de las leyes que emanan de ella. Asimismo, son expresión de nuestra soberanía el definir objetivos propios de desarrollo, promoverlos en el país y en el extranjero, y el fortalecer nuestra identidad y nuestra cultura... El principio rector de la política de seguridad nacional y de la política exterior es fortalecer la soberanía". Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000, pp. 8 y 11. Énfasis nuestro.•