Informe 2002: 20 años no es nada...
*Sergio Cabrera Morales
El mensaje sobre el estado que guardaba la nación en 2002 dado por el presidente de la república podría calificarse como uno de los simulacros más repulsivos. Sin embargo, si lo contrastamos con los objetivos esbozados en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) de 2002, veremos que aquel informe no es más que el reflejo de éstos, aunque demasiado pálido, por lo menos en lo que a la economía se refiere. Quizá la diferencia fundamental estriba en que el discurso del ejecutivo pasó del falso optimismo a la estulticia, al reincidir en el error y falta de sensibilidad y objetividad ante sus propias evaluaciones, insistiendo que México va por buen camino.

Quizá para el jefe del ejecutivo no exista diferencia entre el significado de un equilibrio inestable de las variables macroeconómicas y la crítica situación de la economía en su conjunto. Las variables macroeconómicas como la inflación, y con ello las tasas de interés, el tipo de cambio, y seguramente el déficit fiscal, para el ejecutivo deben estar aisladas y contempladas, y así poder hablar de la solidez de la economía. Pero es preciso insistir en que esas variables no pueden ser el criterio único y/o fundamental. Menos aun cuando tales variables han estado siendo manipuladas tanto por el gobierno federal como por el Banco de México (bm). La disciplina en las variables macroeconómicas que han contribuido a la precaria estabilidad fiscal y monetaria no pueden por sí mismas definir el estado de la economía en su conjunto, y menos aún del estado real de la situación económica de la mayoría de los mexicanos, justamente por los graves desequilibrios que la orientación de la política económica ha producido en la sociedad mexicana. Por lo que se podría afirmar que la insistencia sobre el éxito macroeconómico sólo busca confundir a la mayoría de la población y enaltecer la imagen del grupo gobernante. Sin embargo, estos supuestos éxitos podrían en cualquier momento desvanecerse como un castillo de naipes, como ya ha ocurrido en la economía nacional. El campo de la economía real, el que sí es fundamental para ver el grado de solidez, no muestra ese rostro optimista que tanto gusta a la clase política gobernante en turno.
 

Otro aspecto que llama la atención en dicho mensaje presidencial está en el hecho de haber dejado de insistir en la tan ambigua reforma estructural, que no es más que una serie de reformas de diversa índole y muy a modo al proyecto liberalizador. Sobre este punto vale la pena señalar que la idealización de tal reforma incorpora varios elementos y supuestos de lo más variopinto, pero sin plantear la diferencia específica de cada uno y de su impacto definido. En este mazacote denominado reforma estructural se encuentra la reforma educativa, energética, centrándose en la reforma eléctrica, porque la petrolera parece más complicada. También está la reforma laboral, la reforma hacendaria, cierta intención de una reforma del Estado, que pasaría por una reforma constitucional, así como en el campo de las telecomunicaciones, ámbito fundamental en la era de la telemática y las nuevas tecnologías, donde el espacio aéreo es el nuevo El Dorado de la clase empresarial. También se encuentra la reforma del sistema de pensiones y de la seguridad social, a todos sus niveles; además, algunas otras reformas de menor envergadura, como la presupuestaria, judicial, etcétera. Sobre el que la clase gobernante, gobierno y grandes empresarios no dejarán un momento de insistir.

Como se aprecia, se trata de una agenda que no tiene fondo, pero tampoco forma. Tanto el grupo gobernante como aquellos que se beneficiarían de tales reformas han insistido en que sin ellas no se podrían cumplir las promesas de campaña. Según el Programa Nacional para el Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, presenta dos escenarios donde el ejecutivo amenaza a la sociedad, al señalar que sin la realización de tales reformas no se pueden cumplir las promesas de campaña. Pero esta ausencia en dicho mensaje a la nación tiene varios ángulos de análisis. Sin duda que uno evide nte es que ante la cercanía de las elecciones de 2003, cuya campaña panista ha empezado, y ante la fuerte oposición y agitación, no sólo de los otros partidos representados en la Cámara, que también están concentrados en buscar su beneficio político, sino de manera muy destacada de las organizaciones sociales, el gobierno ha preferido bajar la intensidad en la defensa de su llamada reforma estructural integral. Dejando sólo en la discusión política, como señuelo para un campo de batalla minimizado y reducido a la clase política, la reforma eléctrica. Sin duda no se trata de una cuestión menor, ya que esta industria se inscribe en el principio que rige la economía mundial, y está en el centro de la voracidad por privatizar el mundo, en busca de grandes ganancias y el menor riesgo posible, que si detonara la crisis los gobiernos asumirían las deudas a cuenta de la sociedad. Todas estas reformas no buscan sino poner a disposición de las grandes transnacionales la economía mexicana, y en particular los activos estatales, riqueza resultado de un largo proceso que ha sido producto de los habitantes de este país.

Quizás uno de los pocos elementos positivos del informe, en cierta medida apegado a la realidad, pero insuficiente desde cualquier punto de vista, es la incierta e insuficiente recuperación del poder adquisitivo del salario. Resultado positivo gracias en buena medida a la medición que se hace de la inflación, la cual esconde de manera particular el incremento de los precios de la canasta básica obrera. Incremento efectivo sólo para un pequeño grupo del contingente de trabajadores, que se reduce a los que se encuentran en el rango de los salarios contractuales. Pero si nos aproximamos al total de los ingresos de los trabajadores en su conjunto, se trata cuando más de una estabilización, que en el contexto de pérdida de poder adquisitivo de manera sistemática, de hasta más de 50%, no logra aliviar la difícil situación. Sin duda que esta estabilización manipulada no supone una disminución de la carga que se ha impuesto a los trabajadores, y mucho menos significa alivio para la mayoría de la población.

Pero en cuanto nos aproximamos al análisis del nivel y calidad del empleo, por supuesto que aquí el retroceso y rezago ha sido, por las condiciones que ha generado en el largo plazo la política económica, cuanto menos, devastador. El panorama en ese rubro es fuertemente sombrío, ya que cuando mucho se han creado 210 mil nuevos empleos por año del gobierno panista, pero se han perdido cerca de 500 mil. Estas cifras, tanto del salario como del empleo, están muy alejadas de las promesas de campaña, cuando se propuso construir una política de empleos de calidad y bien remunerados. Hasta se llegó a la farsa de hablar de crear 1'300,000 puestos de trabajo anuales y recuperar la pérdida de poder adquisitivo del salario, acentuado durante los últimos gobiernos priístas.
 

 
 
 Uno de los rubros más preocupantes es que la industria de la maquila, que los últimos diez años había sido utilizada como la locomotora de contados sectores de la economía nacional, hoy se encuentra en franco retroceso. Primero por la crisis por la que atraviesa el principal socio económico de la economía mexicana, y después por la irrupción de la grotesca economía china. Ello ha golpeado al empleo de la maquila de manera brutal, ya que durante mayo de 2002 el personal ocupado se redujo en más de 12%, mientras que las horas trabajadas sólo lo hizo casi en 11%, que sin duda supone un incremento de horas laboradas por trabajador.

En este devastador panorama se inscribe la reforma laboral, cuya discusión se encuentra en un perfil de baja intensidad, justamente porque la crisis de los últimos veinte años ha descansado en las espaldas de los trabajadores. Dicha reforma lo que intenta es hacer que la clase trabajadora siga cargando la crisis por la que pasa la economía nacional en el contexto mundial recesivo. Reforma que busca que la producción nacional siga siendo altamente competitiva vía reducción de los costos laborales y total sujeción del trabajo al capital, para poder enfrentar el embate de la economía china, cuyo éxito está cifrado en el control absoluto de la clase obrera por la casta burocrática local. Esta reforma laboral, cuyo atractivo comercial es la flexibilidad, es una máscara que pretende esconder una mayor presión sobre los salarios, mayor saturación de trabajo y una generación de puestos de trabajo precarios y de magnitud limitada. Perspectiva radicalmente diferente, e incluso contradictoria, al supuesto beneficio que impulsaría el bono demográfico, que supone que un volumen importante de la población se incorporaría al mercado de trabajo durante los próximos años. Más bien dicha reforma laboral lo que pretendería, en el contexto que supone el bono demográfico, es que el inminente incremento de la oferta de fuerza de trabajo fuera uno más de los elementos que podrían ser utilizados para ejercer mayor presión sobre las condiciones de trabajo y los salarios.

La pérdida que supone para los salarios se ha convertido en un incremento de la riqueza de los empresarios. Es más, en medio de la fuerte recesión que está sufriendo la economía ha incrementado el número de ricos y el volumen de recursos en la Bolsa Mexicana de Valores. Ambos aspectos son resultado del mayor nivel de concentración de la riqueza, que la misma crisis genera.

En cuanto al crecimiento económico, que sin duda es urgente tanto por el rezago acumulado como por la presión demográfica con importantes deficiencias de consumo mínimo, lo que se aprecia con preocupación es que en el primer año de gobierno la economía se contrajo 0.3% respecto de 2000, y que hasta el segundo semestre de 2000, la economía estaba ante un virtual estancamiento, a años luz de las promesas de campaña. Por ejemplo, un indicador altamente preocupante es la evolución de la industria de la construcción, la cual ha tenido no sólo un comportamiento errático, sino que ha descrito una tendencia hacia la contracción. En términos generales el sector manufacturero ha mostrado una tendencia a la recesión: el empleo en ese sector descendió en casi 5.3% durante julio de 2002, por lo que cerró para el primer semestre de 2002 en un descenso de 5.9%. Sólo pequeñas franjas de ramas y subramas de ese sector mantienen cierta dinámica positiva como lo es el de alimentos, bebidas y tabaco.
 

 
 
El discurso gubernamental sobre la supuesta recuperación económica ha dejado de darle el peso verdadero a criterios como la formación de capital en la economía mexicana, la cual es el resultado del volumen de inversión, y tanto una como otra no sólo se mantienen estancadas sino que revelan retrocesos. Si la evolución de ambas fuera positiva, apenas definiría una tendencia hacia la fase expansiva del ciclo. Tampoco no se ha razonado suficientemente sobre el nivel de actividad de la capacidad instalada e inventarios, criterio nodal para saber el futuro inmediato de la economía. Igualmente ambas variables no muestran aspectos positivos irrefutables, y menos sostenidos.

A pesar de la crítica situación, el gobierno del cambio ha sido incapaz de diseñar, y mucho menos impulsar, una decidida política industrial, con fuerte incidencia en la reactivación del mercado interno, desarrollo de la productividad de trabajo, no como lo hace hoy bajo el engaño de mayor intensidad en el trabajo con reducción de salarios. Desarrollo económico con un fuerte acento en los encadenamientos productivos internos que pueda producir un movimiento dinámico e integral de la industria nacional. Perspectiva que pueda revertir la casi total dependencia a los mercados internacionales, resultado de la política de apoyo exclusivo al sector exportador que justamente hace altamente vulnerable la economía nacional. Política exportadora que ha impedido un encadenamiento productivo hacia adentro, y una política de salarios capaces de revertir la tendencia contraccionista de los últimos 20 años; además que pueda reducir la vulnerabilidad de la economía nacional por las condiciones del mercado mundial. Además buscar alternativas viables en contra de la política que acelera de manera exponencial la concentración regional, industrial, de ingreso, etcétera. Hoy se puede afirmar que aquella caricaturesca aventura de política "industrial" basada en el apoyo decidido a los changarros, ha caído en un hoyo negro. Es más, a pesar del férreo control de inflación, con ello se genera un mecanismo para inhibir el crecimiento, los precios de sus bienes y servicios crecieron más del doble de la inflación al productor, cerca de 10.5%.

Habría que señalar que también la política aperturista que tuvo su hito en la entrada en vigor del tlc, ha estado atentando contra todas las actividades económicas nacionales. Proceso de apertura que empezó a principios de los ochenta, y está a la vista que el gobierno actual ha privilegiado. Igualmente se puede decir que el bm, supeditado a la política gubernamental, ha impuesto una política netamente contraccionista, o cuanto más, procíclica. Por ejemplo, para los últimos días de septiembre de 2002 amenazó con la imposición de elevar la cuota que deberán tener los bancos bajo custodia en el BM, a 150 mil millones de pesos (mmdp), muy por arriba de los 95.4 mmdp con que venía operando. Otro de los aspectos que ha influido sobre la evolución negativa de las actividades económicas ha sido la falta de voluntad política de impulsar una política de financiamiento para el desarrollo económico y social.
 

 
 
En relación directa con esta última afirmación, otro de los ámbitos que está pasando por una situación crítica es el sistema financiero, que ya no podemos decir mexicano, aunque esté asentado en el territorio nacional. Hoy más de 90% del sistema financiero está en manos de grandes consorcios financieros internacionales. Esto impide diseñar una política financiera integral de beneficio nacional y popular, y de cierta independencia y defensa de los movimientos especulativos internacionales. Como ejemplo se puede decir que en este momento de la fase del ciclo que vive la economía mexicana, se debería dar un decidido apoyo a las actividades económicas. Sin embargo, nos encontramos que los créditos de la banca comercial han descendido 10.2% real. Y en general se puede afirmar que el crédito no avanza, más que, por el momento, hacia el consumo final y la compra de automóviles. 

La experiencia de 1994 enseñó que esto no es suficiente, ya que resulta muy vulnerable para la producción, y altamente nociva para la población. Proceso económico que lo único que generó fue la apropiación de desproporcionados recursos por parte de la banca comercial y del sistema financiero, aun a costa de su naturaleza inconstitucional. Y aún peor, porque dichos recursos no fueron puestos al servicio de la producción y para aminorar la recesión por la que cruzó la economía mexicana durante 1995 y años siguientes.

Lo que resulta paradójico es que quien esté hoy haciéndola de actor activo del financiamiento sea el sector trabajador. Mediante los recursos secuestrados por las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores) se ha financiando de manera fundamental el sector público, pero también, aunque en menor medida, el sector privado, en particular aquellos segmentos de la iniciativa privada que están incorporados al mercado accionario. Sin embargo, lo que resulta aún más repugnante y criticable es el hecho de que el financiamiento al gobierno tenga un objetivo tan mezquino, como pagar los intereses de la deuda pública, donde se encuentran los criticados fondos del Instituto para la Protección del Ahorro (ipab). Deuda de la cual se ha beneficiado un reducido grupo de la clase dirigente tanto económica como política, y los que la están pagando, y seguirán pagando durante decenios, son los sectores sociales con menores recursos cada día.

Los recursos de las Afores perfectamente podrían canalizarce tanto a proyectos productivos sociales, como a empresas de interés público, como el sector eléctrico, o refinanciar el imss o el issste, a los cuales los diferentes gobiernos desde 1982 hasta el día de hoy los han llevado a la crisis en que se encuentran. Esta práctica del gobierno es resultado de que sus finanzas no logran disminuir su dependencia de los ingresos petroleros, y ha sido incapaz de imponer una política fiscal bajo el principio de quien más tiene más paga, e imponer una política impositiva al capital especulativo, cuyos recursos son de gran envergadura y de alta peligrosidad para la economía mexicana.
 

 
 
   
Viendo de cerca lo que el actual gobierno nos muestra en su informe, parece evidente que se conserva y profundiza el mismo modelo económico que se inició en 1982. Se aprecia perfectamente en los veinte años que han transcurrido cómo se han sentado las bases para que la economía mexicana quede inerme ante la inercia que van imponiendo los intereses del capital financiero internacional. También se aprecia que las políticas públicas de los diversos gobiernos de diferentes colores y siglas, por el momento el pri y el pan, no son más que un encadenamiento de políticas gubernamentales que empezaron después del boom petrolero y que, en cada gobierno priísta o ahora foxista, están definidas por la misma tendencia. Sin embargo, parece ser que el gobierno actual, a pesar de tener ante sí la inviabilidad y fracaso del modelo económico, quiere decirnos que todavía habría que insistir en ese camino, haciendo caso omiso de estos veinte años de deterioro y vulnerabilidad en todos los rubros. Si a la vista está el fracaso, cuyo informe no es más que una muestra contundente, el gobierno del cambio parece sarcásticamente afirmar que veinte años no es nada... 
*Sergio Cabrera Morales (ciudad de México, 1954) es profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, de la Universidad Nacional Autónoma de México.