Era el primer lunes de diciembre de 1988. Aproximadamente a las diez de la mañana una manifestación proveniente de San Luis Potosí lanzaba consignas por la liberación de varios presos políticos. El nuevo interlocutor para atender este reclamo era la Dirección General de Derechos Humanos. Una oficina del segundo piso en el propio edificio del secretario de Gobernación, con una infraestructura humana y material por crearse, se lanzaba al gran reto de responder a los distintos llamados y denuncias en un universo que pronto comenzaría a ganar la atención de organismos no gubernamentales nacionales, de varios países y de algunas instancias de las organizaciones de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos.

El desafío al que se sometería esta Dirección General era enorme. Por lo demás, en México había sólo unos cuantos referentes en materia de derechos humanos. Eran pocos y contados los organismos no gubernamentales de derechos humanos. Sin embargo, en todos los puntos del territorio mexicano había agravios serios en materia de procuración de justicia, la tortura se había convertido en un modus vivendi y operandi. El Comité Eureka de la señora Rosario Ibarra había tomado como causa la suerte de más de quinientas personas señaladas como desaparecidas. A esto se añadían listas y listas de supuestos presos políticos. Poco a poco el tema y realidad de los derechos humanos comenzó a permear, y llegó hasta los más altos niveles de gobierno la preocupación de que en México se violaban con mucha frecuencia los referidos derechos humanos.

Dos organismos no gubernamentales de derechos humanos con impacto internacional estarían constantes y presentes en el tiempo de la existencia de la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH): Amnistía Internacional, que había visitado al país en varios momentos de la década de los ochenta y que acababa de publicar un informe serio sobre la situación prevaleciente en los estados de Oaxaca y Puebla;¹ Americas Watch, un organismo que se había creado en esta década y, no obstante sus pocos años de existencia, comenzaba a incidir en varios círculos del congreso estadunidense y sectores de la opinión pública de Estados Unidos. Su informe publicado en mayo de 1990 fue a la postre decisivo para dotar, a los gobiernos federal y de los estados, de instancias propias y con un mandato mayor para intervenir en las violaciones de los derechos humanos. En pocos meses se comenzaría a discutir la eventualidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

En la lógica y estrategia para convencer a congresistas, lobbies y sectores decisivos principalmente de Estados Unidos, México requería de una imagen más transparente en el tema de los derechos humanos. De ahí que el tercer ingrediente del contexto internacional lo representaba en forma particular el informe que presentaba anualmente el Departamento de Estado de la Unión Americana sobre el estadio de los derechos humanos en el mundo, que presentaba un análisis particularizado por país sobre esta realidad. Los informes de 1988 y, especialmente los de 1989, mostraban una imagen muy deteriorada de México: varios casos graves de tortura, rezagos y muy precaria procuración de justicia, presos políticos, indígenas encarcelados y el expediente de los desaparecidos políticos:
 

En los estados rurales de México, especialmente Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Puebla, las disputas sobre la tierra desembocan ocasionalmente en la violencia... Las bandas paramilitares, las policías controladas por jefes políticos y terratenientes son acusadas ellas mismas de oprimir y asesinar frecuentemente a campesinos activistas... hubieron continuos informes acerca del uso de la tortura y sujeción de los prisioneros a tratamientos inhumanos durante 1988.²

El escrutinio internacional también se situaba en otros frentes: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no poco antes acababa de admitir varios casos de supuestas violaciones a los derechos humanos y derechos políticos.³ La otra instancia que llevaba varios años involucrada en temas mexicanos era el Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

En estas circunstancias no debe sorprender que la naciente Dirección General de Derechos Humanos requería de un área operativa para atender al frente internacional. Tal fue el caso de la Subdirección de Normatividad Internacional.

Un gran expediente y un problema irresuelto lo significaban varios cientos de desaparecidos, la mayor parte ubicados en el estado de Guerrero a raíz de la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y las acciones de contrainsurgencia durante la década de los setenta del siglo pasado. La guerrilla urbana surgía en periodos más o menos semejantes y las acciones para contrarrestarla habían traído una secuela de desapariciones forzosas.

El grupo formado por la señora Rosario Ibarra de Piedra había iniciado una lucha que se convirtió con el tiempo en base de las reivindicaciones de derechos humanos. Tenía en su haber 529 expedientes de presuntos desaparecidos. A eso se añadía el hecho que en diciembre de 1988 se dio el primer caso de desaparición forzosa en el estado de Morelos. Se trataba de José Ramón García. Su esclarecimiento no se ha logrado, pero fue materia para una de las pocas recomendaciones en materia de desaparecidos. El supuesto autor material de este hecho no ha sido encarcelado, pero probablemente por el empeño de los organismos que lo buscaban, de la propia DGDH y la naciente Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su etapa preconstitucional, este caso fue en alguna medida pardigmático para la creación de instancias ex profeso que buscaran resolver gran parte de este expediente.

La DGDH inició un trabajo conjunto con el grupo Eureka de la señora Ibarra de Piedra, hizo contactos infructuosos con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (cisen) y posteriormente mantuvo un diálogo y trabajo conjunto con la Procuraduría General de la República y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. A este respecto, dos meses antes de que fuera creada la cndh, la Procuraduría General y la DGDH habían constituido un grupo interdisciplinario e interinstitucional para revisar todo el expediente que había sido entregado por el grupo Eureka y los nuevos casos que eran del conocimiento de la Dirección General. Este referente fue la primera experiencia de una actividad conjunta. La DGDH mantuvo de forma permanente informados a los organismos no gubernamentales de derechos humanos involucrados en estas demandas. A fines de 1990, cuando ya está funcionando la cndh, el grupo interinstitucional sobre desaparecidos volvió a tomar forma, empezó a dilucidar algunos casos, pero el tono de sus comunicados y la ausencia de interrelación con las ong's pro desaparecidos rompe el diálogo con los actores involucrados. La DGDH en cambio, había establecido un contacto permanente con estos últimos, lo que había redundado en beneficios mutuos.

La visita de Americas Watch

Hasta 1990 poco se conocía en México acerca de este organismo estadunidense creado una década antes como parte de una instancia que monitoreaba y hacía recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en general, y en lo particular en qué medida esto tenía que ver con la política exterior de Estados Unidos. Eran todavía pocos los casos analizados a partir de una visita in situ. La DGDH propició los encuentros de las autoridades más involucradas en los temas de procuración de justicia y administración carcelaria para Americas Watch. A su vez, esta última entró en contacto con varias ONG's mexicanas. Con estos elementos, el monitoreo que realizaba todos los años en el tema de los derechos humanos y otros informes conexos, este organismo, como en otras misiones realizadas en otros países, estaba en posición de formular un informe en los temas que se había propuesto inicialmente.

En un primer momento este organismo hizo una visita encabezada por una abogada (Ellen Lutz) residente en Los Ángeles, estado de California. Tuvo la oportunidad de entrevistarse con el subsecretario de Gobernación encargado de los asuntos penitenciarios, Emilio Rabasa, con el subprocurador de la Procuraduría General de la República, Porte Petit, con el subproducrador de la Procuraduría General del Distrito Federal, Abraham Polo Uscanga, con la embajadora Aída González, directora en jefe de Derechos Humanos y Asuntos Migratorios de la Cancillería mexicana y algunos penales del interior del país. El resultado de su misión fue un documento publicado unos días antes de que fuera creada la cndh en su fase preconstitucional.

El título del informe era fuerte para las preocupaciones de la élite política que se había lanzado en la búsqueda de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Muchos legisladores estadunidenses eran reacios incluso para aceptar esta eventualidad, sin dejar de mencionar algunos lugares comunes de estereotipos en la percepción del país vecino. Sin embargo, el título elegido por Americas Watch, como una nación donde se vivía la impunidad, a la postre contribuyó a darle al tema de los derechos humanos una alta prioridad en la administración de Carlos Salinas de Gortari. En efecto, la DGDH actuaba como si se tratara de un organismo clandestino de la administración pública y en tal sentido los gobiernos de los estados no se sentían presionados más que por el hecho de venir de una instancia de la Secretaría de Gobernación. Americas Watch había tocado en el lado más flaco del sistema político y de procuración de justicia, pues la impunidad permitía un escenario de violaciones a los derechos humanos en los cuatro puntos cardinales del territorio mexicano.

En efecto, la tortura se había convertido en una forma sistemática para investigar los crímenes e inventarlos. A eso se sumaba que la primera declaración era considerada la madre de las pruebas. Esto tenía sus graves consecuencias: si esta declaración era tomada bajo efecto de la tortura, todo el proceso siguiente se encontraba viciado de origen. No era de extrañarse que las cárceles mexicanas albergaran a miles de inocentes campesinos e indígenas. En particular estos últimos sufrían una doble injusticia: desconocían el castellano y no contaban con los recursos legales y económicos para defenderse. 

Por su doble mandato, atender las denuncias en materia de derechos humanos y por el hecho de que el director general de la DGDH representaba al secretario de Gobernación en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la DGDH no obstante que se encontraba enclavada en la Secretaría de Gobernación, por la interrelación internacional que se iba creando en el tema de los derechos humanos por parte de gobiernos, organismos regionales, organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, no escapaba a una dinámica internacional. Decenas de cartas llegaban todos los días enviadas por las distintas secciones de Amnistía Internacional interesadas en un caso adoptado: presos políticos, torturados, desaparecidos, condiciones inhumanas en las prisiones, deficiente y tortuosa procuración de justicia, etcétera. Otros organismos expresaban preocupaciones similares, tales eran los casos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Cristianos contra la Tortura, etcétera.

Los refugiados por otras razones eran tema de preocupación de algunos sectores de la opinión pública internacional. En efecto, no se cuestionaba en cualquier momento alguna violación a sus derechos humanos por parte del gobierno mexicano. Interesaba, en especial, que la asistencia y protección dadas fuesen oportunas y eficaces ante posibles incursiones del ejército guatemalteco o simplemente que se les diesen las garantías suficientes para continuar su negociación para un eventual retorno. El proceso de la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (Cirefca) despertó el interés por participar en proyectos de apoyo diverso a los refugiados guatemaltecos por parte de las ONG's. Además, en este punto hubo una apertura por parte de la Comar al invitar a participar a las ONG's pro refugiados en apoyo a estos últimos. De esta forma, por lo menos unas diez ONG's participaron en esta dirección. Los propios refugiados fueron protagónicos de este proceso, pues en dos reuniones internacionales de seguimiento de esta Conferencia participaron como invitados especiales del gobierno mexicano. Sus propuestas en torno al retorno encontraron buen eco y ello permitió que recibieran, directa o a través del gobierno mexicano y guatemalteco y organismos no gubernamentales, diversas ayudas de la comunidad internacional donante.

Ahora bien, la existencia de la DGDH era señalada por el Departamento de Estado en su informe de 1989:
 

El gobierno ha emprendido diversas medidas para mejorar la situación (de abusos a los derechos humanos), entre ellas destaca un amplio programa de amnistía para personas acusadas de crímenes de "naturaleza política o social", varios esfuerzos en debates nacionales para la reforma electoral y la creación de una Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación... El director general funge como un "ombudsman" tanto para la defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales y para los grupos de refugiados, como también para los funcionarios del gobierno estatal del sistema judicial mexicano. Él no tiene una autoridad independiente, salvo aquella que deriva del poder político del secretario de Gobernación.⁴

De igual manera en el Informe de Amnistía Internacional de 1990 hay una mención al respecto. Esta organización no gubernamental con vocación internacional, reconoció la creación de la DGDH en estos términos:
 

En febrero de 1989 se creó la Dirección General de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. Una de sus principales funciones era recibir denuncias de violaciones de derechos humanos y formular ante las autoridades pertinentes recomendaciones para su investigación y prevención...⁵

Así pues, esta Dirección General había tomado en sus manos prácticamente todos los expedientes que llevaba la agenda de Amnistía Internacional. En el Informe correspondiente a 1990 reconoció los esfuerzos que se habían impulsado gracias a la intervención de la DGDH. Se destaca, por ejemplo, la liberación de cientos de prisioneros de conciencia que habían adoptado 
varias de las secciones de Amnistía Internacional. Este fue el caso de Israel Gutiérrez:
 

La nueva administración... que entró en funciones en diciembre de 1988, emprendió una serie de medidas con el propósito manifiesto de "modernizar" el país. Algunas estaban relacionadas con los derechos humanos. En febrero, el presidente Salinas anunció el primero de una serie de indultos a determinados presos encarcelados por "delitos por móviles sociales y políticos" como un primer paso hacia la "reconciliación nacional". Entre los primeros reclusos que fueron puestos en libertad figuraban Israel Gutiérrez y Francisco Urbina Hernández, que habían sido detenidos en 1984...

En febrero se creó la Dirección General de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Una de sus funciones principales consiste en recibir denuncias de violaciones de derechos humanos. El director de la misma, Luis Ortiz Monasterio, afirmó que pensaban "analizar caso por caso, para tratar de terminar, a plena satifacción de las partes, este asunto", refiriéndose a las desapariciones de detenidos ocurridas durante la década de l970 y a principios de la de 1980. Ortiz Monasterio y otros funcionarios, entre los que figuraba el procurador general de un estado, reconocieron que se producían torturas, aunque negaron que se tratase de una política deliberada. Criticaron que se empleasen contra los sospechosos las declaraciones efectuadas en un primer momento ante la policía que son consideradas "las reinas de las pruebas" (prueba irrefutable) pues existe el riesgo de que se obtengan mediante coacción...⁶

Otro caso en el que trabajó a fondo la DGDH fue el de Jesús Manuel Martínez Ruiz, muerto a consecuencia de la tortura perpetrada contra él por policías del estado de Tabasco. No obstante las declaraciones de la Procuraduría del estado en el sentido de que había muerto por efecto de una borrachera que le provocó supuestamente ahogarse en su vómito, vino una segunda autopsia en la que hubo la presencia de servidores públicos de la DGDH. La ausencia del corazón y los pulmones llamó la atención de los últimos, que no estuvieron de acuerdo con la versión que dio por segunda ocasión la Procuraduría. Los familiares de hecho habían acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y era un caso que de manera formal había sido reconocido para su investigación por esta Comisión. Hay que destacar también que en apoyo a este caso estuvo muy activo el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. La realidad era que no obstante que México había ratificado desde muy temprano las Convenciones en contra de la tortura (tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos) y que había creado la Ley Federal contra la Tortura, ésta hasta ese entonces no se había aplicado en contra de algún funcionario público. Parecía también que hasta 1989 la observancia de las convenciones sobre derechos humanos no había encontrado el eco necesario, de no ser su inicial divulgación por parte de la Cancillería mexicana. En este contexto no debe de extrañarse que el caso que acabamos de mencionar no parecía perturbar mucho a las autoridades del estado de Tabasco. Había asimismo un dejo de antinjerencismo por parte de muchas autoridades federales y estatales. Así había sido con Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Americas Watch, etcétera, que habían realizado alguna misión o se habían pronunciado públicamente sobre algún caso que ellas llevaban en sus agendas de trabajo.

The Minnesota Lawyers International Human Rights Committee también realizó una misión en México a fin de conocer de primera mano su sistema judicial. Su evaluación fue muy crítica y de alguna manera coincidió en varios puntos con el informe de Americas Watch. Reconoció, sin embargo, varios esfuerzos orientados a cambiar la situación de violaciones a los derechos humanos en la procuración y administración de justicia:
 

Among recent steps taken toward reform, the Government of President Salinas de Gortari, shortly after his inauguration, created a Human Rights Department as part of the Ministry of the Interior. A representative of the Committee interviewed two lawyers at the Department of Human Rights. Among the powers given to the Department of Human Rights is the power to propose programs, projets, initiatives, and mechanisms which promote and safeguard human rights in the nation. It is authorized also to establish relations with other institutions and entities to promote the application an respect for human rights. In addition, the Department has the power to receive and attend to complaints concerning violations of human rights that are presented by individuals or institutions.

Unfortunately, the Department does not have any real investigative power and no prosecutorial power. As a federal agency, it has relied on its influence to accomplish its goals through "good offices". It is unclear how successful this department will be at improving respet for human rights in Mexico.⁷

Sin duda alguna, este Comité tocaba uno de los puntos que desde dentro de la DGDH era visto como una necesidad, es decir, ampliar su mandato. Esto fue muy claro a la luz de la muerte de la abogada Norma Septién en abril de 1990. Iniciar una lucha frontal contra la impunidad, la tortura, las desapariciones forzadas, requerían un organismo más fuerte. Era claro que la DGDH no obstante estas limitaciones, había abierto una brecha. A partir de entonces sería el referente obligado.

La acción humanitaria en el tema de los refugiados y las causas y casos de violaciones a los derechos humanos fueron el terreno para la emergencia de nuevos actores sociales en la realidad mexicana. Aproximadamente unas veinte ONG's trabajaban en esta realidad. Varias de ellas, como el Frente de Derechos Humanos, tal vez el organismo más viejo en este rubro en México, el grupo Eureka, la Liga Mexicana de Derechos Humanos, la sección mexicana de Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos fray Francisco de Vitoria, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos fray Bartolomé de las Casas eran los primeros interlocutores en este campo. Una primera y segunda generaciones de ONG's se enfrentaban a un Estado retórico en este terreno, pero poco dado al escrutinio interno y externo en el tema de los derechos humanos.

Desde el movimiento estudiantil de 1968 varios organismos no gubernamentales habían realizado misiones de observación sobre los derechos humanos. La Federación Internacional de Derechos Humanos se ocupó tempranamente en los casos de estudiantes detenidos a raíz del movimiento de 1968. Durante la década de los setenta, esta misma Federación, Amnistía Internacional y la Cruz Roja Internacional estuvieron en México para realizar varias misiones. Comenzaron a sensibilizar al gobierno mexicano sobre ciertas preocupaciones que llamaban la atención de la comunidad internacional. Presos de conciencia, como fue el caso de Carlos Esguerra en 1974, los cientos de desaparecidos que empezaban a interesar a varios de estos organismos, casos de tortura, impunidad y deficiente procuración de la justicia, particularmente en las zonas rurales e indígenas. El sistema carcelario despertó también el interés de estas ONG's.

Las ONG's tuvieron un crecimiento exponiencial con el surgimiento de las instancias gubernamentales de derechos humanos. En esta primera etapa en que existían contadas instituciones gubernamentales, las ONG's estuvieron muy activas en defender causas y casos: el gran expediente de los desaparecidos, los indígenas encarcelados, el seguimiento de los migrantes mexicanos y centroamericanos, la atención a los refugiados indígenas y urbanos, etcétera. Así pues, al momento en que concluía la DGDH su mandato para transformarse en cndh, existían en el país unas cincuenta ONG's de derechos humanos. A partir de 1990 habría un crecimiento sostenido. En cierta medida la creación de la DGDH y, posteriormente, la cndh y las Comisiones estatales de derechos humanos impulsaron un crecimiento quizás el más amplio de los distintos organismos civiles.

Algunas conclusiones

La DGDH sentó las bases para el nuevo orden no jurisdiccional en materia de derechos humanos. En su año y medio de existencia contribuyó a sensibilizar a distintos actores gubernamentales y no gubernamentales para atender de manera contundente los reclamos en este campo. De esta forma, impulsó la liberación de 1,411 personas acusadas por móviles políticos y sociales; sentó las bases institucionales para atender el problema de los desaparecidos; intervino en varios casos de tortura; comenzó programas de capacitación en materia de derechos humanos; hizo frente a un entorno internacional donde México se veía afectado por un contexto interno de impunidad y agravios a grupos y personas. Fue poco el tiempo, pero bastó para sentar las bases para una política y cultura de los derechos humanos en el país.•

¹Amnistía Internacional, México, Los derechos humanos en zonas rurales. Intercambio de documentos con el gobierno mexicano sobre violaciones de los derechos humanos en Oaxaca y Chiapas, Madrid, Ediciones de la Torre, 1986. El original se publicó en inglés.

² Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1988. Mexico, Report submitted to the Committee on Foreign Affairs House of Representatives, and the Committee on Foreign Relations U.S. Senate, by the Department of State. In accordance with sections 118 (d) and 502 (b) of foreign assistance act of 1981 as amended.

³Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 1989. Mexico, Report submitted to the Committee on Foreign Affairs House of Representatives, and the Committee on Foreign Relations U.S. Senate, by the Department of State. In accordance with sections 118 (d) and 502 (b) of foreign assistance act of 1981 as amended.

⁴ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe núm. 8/91. Caso 10.180, aprobado por la Comisión en su sesión 1107a celebrada el 22 de febrero de 1991. OEA/Ser.L/V/II.79 Doc. 24.

⁵ Amnistía Internacional, México, Tortura e impunidad, Madrid, Ediciones de Amnistía Internacional, 1991. La primera versión fue publicada en inglés.

⁶ Amnistía Internacional, Informe 1990, Madrid, Ediciones de Amnistía Internacional, 1990, p. 220.

⁷ The Minnesota Lawyers International Human Rights Committee, Paper Protection: Human Rights Violations and the Mexican Criminal Justice System, Minneapolis, julio, 1990, pp. 30-31.

Corresponde a la Dirección General
de Derechos Humanos:

I) Proponer aquellos programas que promuevan e impulsen, dentro del marco de la Carta Internacional de Derechos Humanos, el cumplimiento de los acuerdos signados por nuestro país;

II) Proponer proyectos de iniciativas, programas, acciones y mecanismos que contribuyan a la planeación de la política de derechos humanos en nuestro país;

III) Proponer las medidas necesarias que tiendan a la salvaguarda de los derechos humanos;

IV) Establecer los mecanismos de enlace y coordinación con entidades, instituciones y organismos públicos o privados, para promover la aplicación y respeto de los derechos humanos;

V) Recibir y atender las quejas administrativas que sobre violación de los derechos humanos presenten los particulares o la instituciones públicas o privadas y proponer al titular del ramo las acciones necesarias para su inmediata resolución;

VI) Poner a consideración de su superior jerárquico los programas tendientes a la capacitación ciudadana en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos;

VII) Proporcionar apoyo técnico y asesoría sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos a las personas, entidades, instituciones y organismos relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos;

VIII) Representar, por conducto de su titular, al secretario y coordinar los trabajos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y

IX) Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan, así como aquellas que le confiera el titular del ramo. Diario Oficial de la Federación, 13 de febrero de 1989, pp. 23-34.

Acciones interinstitucionales en favor de 
los presuntos desaparecidos

1. A partir de la primera reunión de la delegación mexicana con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York durante su xxvii sesión, el 17 de abril de 1989, de acuerdo al compromiso del Estado mexicano ante los familiares, un año después, ya con la información acumulada y siete reuniones de trabajo con los familiares de los supuestos desaparecidos, el 17 de abril de 1990, el C. presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, recibió en la residencia oficial de Los Pinos a una delegación encabezada por la señora Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Frente Nacional contra la Represión y del Grupo Eureka. La reunión tuvo como objeto analizar la situación de los presuntos casos de desapariciones. El presidente, al término de esta reunión, se comprometió a dar una respuesta favorable a las preocupaciones señaladas e instruyó para la conformación de un grupo interinstitucional constituido por la Procuraduría General de la República (Subprocuraduría Jurídica y de Programas Sociales) y la Secretaría de Gobernación (Dirección General de Derechos Humanos). Este grupo hará las investigaciones administrativas de rigor de cada uno de los casos conocidos.

2. Con esta medida, el presidente de México ha mostrado particular atención por resolver los reclamos presentados por distintos grupos nacionales y extranjeros que al cabo de quince años han planteado estas mismas preocupaciones. El gesto presidencial es un signo de voluntad política para clarificar de una vez por todas, y caso por caso, este delicado asunto.

3. El grupo constituido recoge todo el trabajo realizado por la Dirección General de Derechos Humanos, la cual, al curso de un año, reunió toda la información y expedientes dispersos.

4. El Grupo estará también conformado por un grupo consultivo constituido por representantes de familiares y de las organizaciones reclamantes.

5. El Grupo recientemente instituido tendrá un formato similar al que tiene el Grupo de la onu sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias y su mandato será totalmente humanitario y apolítico. Iniciará sus funciones el 1 de junio, prolongándose su trabajo hasta finales del año, fecha en que presentará un informe global y pormenorizado del resultado de su investigación administrativa.

6. Con estos esfuerzos, el gobierno de la República, en coordinación con los gobiernos y procuradurías de los estados, se hará eco de las legítimas preocupaciones de las organizaciones reclamantes, tanto nacionales, internacionales como de la propia onu. Ciudad de México, 19 de abril de 1990.•