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Mientras en México no se sancio-ne la práctica del bullying , éste seguirá en aumentó, afrmó el doc-tor Juan Antonio Barrera Méndez, investigador del Departamento de Psicología Social de la División de Ciencias Sociales de la Unidad Iz-tapalapa. Vemos la violencia hoy como algo normal, señaló. No obstante, es importante diferenciar ente un modelo de conducta agre-siva y uno de conducta violenta, para comprender este problema. El especialista defnió que una conducta agresiva sucede cuan-do, por ejemplo, una persona pasa cerca de otra y aunque la conozca “no la saluda o la ve feo”. Mientras

tanto, la conducta violenta consisti-ría en que además de “ver feo” a la persona la haga objeto de insultos y agresión física. Incluso aislar a al-guien también es otro tipo de vio-lencia, al cual se le ha dado poca importancia.

Desde el punto de vista de la psicología social, el profesor subra-yó en entrevista, que esta práctica se incuba en los propios hogares y se repite de manera “normal” en los medios de comunicación. Existen diferentes formas de abordar esta cuestión: las teorías de William Macdougal, que consi-deran la violencia como instintiva; el psicoanálisis, que ve al objeto de agresión, y el conductista, que in-terpreta la relación de estímulo ne-gativo. Un concepto más sencillo, que no goza de la atención debida, son las “neuronas espejo”. Al hablar sobre cómo erradi-car el bullying, el experto planteó

que en España por ejemplo existen leyes muy estrictas. Si alguien de-nuncia la práctica inmediatamente, los padres son llamados para tratar de conciliar las diferencias que hay entre los niños o jóvenes. Si no se llega a un acuerdo, se turna el caso a la Corte. Si en ésta se comprueba la responsabilidad –las agresiones pueden no ocurrir solamente en la escuela sino a través de algún me-dio electrónico–, tanto los padres como los hijos agresores deben realizar trabajo comunitario. En Estados Unidos hoy en día existe una regulación muy distinta a las leyes mexicanas, en las que se contempla también al llamado

sexting (envío de contenido de corte erótico o pornográfco por medios electrónicos).

Finalmente, concluyó: “los es-pecialistas tenemos el compromiso de contribuir con las autoridades para elaborar un plan emergente que frene esta violencia en las es-cuelas, que inicie desde los jardi-nes de niños hasta la universidad”.

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de juzgar a militares en tribunales civi-les por la violación de derechos humanos no implica que el fuero militar desaparezca, pero es un avance signifcativo porque su función como tribunal puede irse confnando sólo a juzgar faltas de disciplina inter-na por parte de sus miembros, dejando para el fuero civil y las cortes internacionales los crímenes de gue-rra y toda acción realizada por el ejército que afecte garantías de los individuos.

Para el doctor David Chacón Hernández, inves-tigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la determinación no sorprende porque res-ponde a la presión internacional de instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) o Amnistía Internacional (AI) y organizaciones no gubernamentales.

Aun cuando la SCJN no ha actuado siempre a favor de los derechos humanos –en este punto mencionó casos como el de Lidia Cacho– debemos aplaudir, consideró el abogado, que en esta ocasión haya escu-chado las voces de instituciones extranjeras y naciona-les que exigían que no se juzgara en el fuero militar los casos de atropello a los derechos humanos.

El académico del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco expresó que la medida es abso-lutamente necesaria ya que “las cortes militares tienen

todo un sistema de protección a los abusos militares” y siempre hay una justifcación para estos actos por la denominada “actuación por mandato” o el “deber de obediencia a superiores”, por lo que generalmente se les indulta y elimina la condena impuesta. “El bene-plácito es mayor porque no hubo presión del ejecutivo federal para evitar esta decisión como podría haberse esperado, ya que en la actual guerra contra el narco-tráfco es cuando más abusos contra la población civil se han cometido por parte del ejército”.

Lamentó que esta medida no podrá aplicarse re-troactivamente porque se violaría el artículo 14 cons-titucional; por ello, todos los abusos cometidos hasta la fecha en que se toma la determinación no serán juzgados.

Los militares, vaticinó, serán defendidos, la milicia preparará abogados que litigarán en el ámbito civil y re-frendarán los argumentos de legítima defensa, de obe-diencia y de actos de superioridad jerárquica, y para no involucrar al superior jerárquico como actor intelectual manejarán coartadas en relación con la provocación y otras cuestiones que tengan que ver con causas exclu-yentes de responsabilidad en el ámbito penal. La historia de abusos por parte de elementos mi-litares, reiteró, “debe llevarnos a defnir si la función del ejército mexicano debería ser únicamente de sal-vamento y protección ante desastres naturales, más no para combatir en las calles contra ciudadanos”.