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Número 154
5 de marzo de 2020

EN MÉXICO OCURRE 10% DE HOMICIDIOS CONTRA AMBIENTALISTAS DEL MUNDO

*En 2019, a nivel global 304 activistas fueron ultimados, 34 de ellos en el país

 

*El gobierno de la Cuarta Transformación debe atender reclamos contra el modelo extractivista

de explotación

 

 

México es uno de los países más peligrosos para las personas que protegen el medio ambiente, si se considera que en 2019 fueron asesinados 34 activistas, de un total mundial de 304, lo que representa un poco más de diez por ciento de la estadística internacional, advirtió Susana García Jiménez, doctora en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 

El modelo extractivista aplicado en la explotación de los recursos naturales en la nación durante los últimos 30 años ha generado problemas graves, que afectan a las poblaciones locales y es obligación del gobierno federal escuchar sus demandas para construir un sistema alternativo de desarrollo.

 

“La diversidad de luchas y resistencias nos llevan a plantear la deuda histórica de justicia que tiene el Estado mexicano con las comunidades, que se han visto afectadas y despojadas de su territorio sin haber tenido mejoras en su calidad de vida, a pesar de que se destina ocho por ciento del Producto Interno Bruto mundial a la construcción de obras faraónicas planteadas como proyectos para el crecimiento económico”, advirtió la investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa.

 

En la ponencia La justicia ambiental, una deuda del Estado Mexicano. Retos para la 4T refirió que resulta criticable que la denominada Cuarta Transformación continúe con el esquema de implementar megaobras como la refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. “Los pobladores del sur-sureste consideran una simulación las consultas sobre los megaproyectos, además de que es conocido que el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos estuvo vinculado estrechamente a la desaparición de los pueblos originarios”.

 

La investigadora puntualizó que “somos el cuarto país con la mayor biodiversidad del planeta y dichas megaobras atentan contra la naturaleza, lo que genera necesariamente resistencia en las comunidades y ha propiciado críticas de organizaciones de la sociedad civil y científicos al Tren Maya y el corredor comercial del Istmo de Tehuantepec pues semejan iniciativas del tipo del Plan Puebla Panamá, que representaba intervención territorial y despojos.

 

Para el primero se destinarán inicialmente ocho mil millones de pesos y está prevista su construcción en tres años, pero ante las críticas por su similitud con el Canal de Panamá en ese proceso sólo se usará capital nacional, aunque el riesgo es que la zona de Tehuantepec sea libre y las empresas puedan actuar con libertad económica y estímulos fiscales, por lo que a la postre esa región perdería soberanía.

 

La investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, cuestionó también que el Plan Nacional de Hidrocarburos contemple la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y una planta carboeléctrica en el norte del país, ya que es una contradicción del discurso en favor del desarrollo sustentable y en la práctica significa un retroceso en los compromisos para mitigar el cambio climático.

 

El futuro para la sociedad mexicana debe ser el surgimiento de resistencias sociales de las poblaciones afectadas por los proyectos que impulsa el gobierno, concluyó la investigadora en el Ciclo de conferencias Nuevos problemas, temas y propuestas ante las políticas de la 4T, convocado por el área de investigación Estado, Gobierno y Políticas Públicas del Departamento de Administración, el Posgrado en Estudios Organizacionales de la Unidad Azcapotzalco y la Red Mexicana de Investigaciones en Estudios Organizacionales.