Encabezado
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Número 157a

1 de abril de 2021

SI LA MIGRACIÓN ES CONCEBIDA COMO ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

PODRÍA CRIMINALIZARSE

*Victoria Salazar perdió la vida en una situación deleznable y fue revictimizada por ser exhibida en la vía pública
 
*Académica de la UAM lamentó que no haya una cultura de respeto a los derechos humanos

Victoria Salazar Arriaza, la mujer salvadoreña que murió en condiciones de violencia policial en Tulum, Quintana Roo, había logrado su reconocimiento como residente permanente de México –el que por lo general se otorga a quienes huyen por inestabilidad y violencia en sus países de origen– “sin embargo, fue aquí –donde creyó encontrar la seguridad para ella y su familia– que perdió la vida en una situación deleznable”, opinó la maestra Jazmín Sánchez Estrada, coordinadora de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
 
En entrevista, la investigadora de la Unidad Azcapotzalco acusó que además al tratarse de un feminicidio, Salazar Arriaza fue revictimizada por ser exhibida en la vía pública y, por otro lado, “el video debió ser resguardado igual que se hace con cualquier escena del crimen”, que debe formar parte de la evidencia para fincar responsabilidades a los policías.
 
“Evidentemente debe haber una reparación del daño” y es parte del derecho de la familia que no siga mostrándose en los medios dicho testimonio, porque salvo para efectos de investigación, sirve sólo para revictimizar a Victoria”.
 
La maestra Sánchez Estrada lamentó la “nula intervención de quien hizo la grabación”, porque se perdieron minutos valiosos en una circunstancia como esa y “esto es algo que empieza a ser grave”, pues no es la primera vez que ocurre.
 
Este caso refleja de manera clara que no hay una cultura de respeto a los derechos humanos ni la preparación adecuada de las fuerzas de seguridad, pero además “aquí entronca un tema muy importante” y es que “cuando la migración se empieza a ver como un asunto de seguridad nacional se puede caer en el riesgo de criminalizarla”.
 
Si una nación no entiende que esta actividad es un proceso natural de desplazamiento de personas –a veces por esparcimiento, pero también por necesidad– se criminaliza” y a los cuerpos policiales se les envía el mensaje de que al individuo, por ser no nacional, es permisible tratarla como delincuente”, el resultado en éste y en muchos casos, confirma la nula preparación, no sólo de los guardianes del orden, sino del personal del Instituto Nacional de Migración.
 
La investigadora –cuyas líneas de investigación se centran en las políticas migratorias– dijo que hay una crisis muy profunda en cuanto a la situación de desplazados desde el triángulo centroamericano: el Salvador, Honduras y Guatemala, que transitan por México para intentar llegar a Estados Unidos.
 
Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio un punto significativo fue el condicionamiento de Estados Unidos a la regulación migratoria con el fin de ser un tercer país seguro, lo cual significaba que, si bien quien solicita refugio debe estar en el territorio al cual va a pedir tal figura, en los últimos años se demanda que se haga la solicitud ante las autoridades, pero entre tanto se resuelve, los peticionarios deben esperar en territorio mexicano, y aun cuando no hubo aceptación expresa, México funcionó así.
 
El llamamiento del presidente de Estados Unidos Joseph Biden en el sentido de cambiar la política migratoria de su antecesor Donald Trump deteniendo la construcción del muro fronterizo con México y dar reconocimiento a refugiados “se consideró como una apertura masiva a la migración, pero sólo se está recibiendo a quienes con antelación habían interpuesto su postulación ante las autoridades migratorias en Estados Unidos”.
 
“Hay una intencionalidad positiva de Estados Unidos porque ya no se construye el muro y se atienden las solicitudes ya planteadas”, entre otras medidas, pero en próximos meses habrá elecciones intermedias en ese país “y este es un asunto que le pega al gobierno de Biden, porque el enfoque que el partido republicano quiere dar a la problemática es el de “incapacidad del gobierno en términos de contar con la infraestructura para poder dar ingreso a la gran cantidad de personas que han entendido esta política como una invitación de ir a Estados Unidos y, por ende, han comenzado a desplazarse en mayor medida”, puntualizó.
 
En México, al inicio de la actual administración y con la intención de reactivar el triángulo centroamericano se planteó como posibilidad que el vecino país participara también en la búsqueda por erradicar las causas por las que la gente huye y las cuales obedecen a situaciones de violencia o desastres naturales que han dejado devastación y pobreza.  
 
“Lamentablemente se cambió la finalidad” en 2019, la operación del Fondo de Infraestructura para Centroamérica ya no quedó en la Secretaría de Hacienda, sino en la de Relaciones Exteriores y se utilizó para registros, controles y temas policiacos respecto del éxodo, pero no para mejorar las condiciones de la gente que transitaba hacia Estados Unidos.
 
El “talón de Aquiles” no es la posición política de México, sino que no existe una política pública para operar dicha estrategia, pues llegaron grandes cantidades de desplazados de Centroamérica y “no teníamos capacidad para responder”.
 
Personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no se da abasto para recibir las solicitudes, porque la gran mayoría quiere internarse a México primero con visa humanitaria y luego lograr la declaratoria de residente permanente.
 
“Aquí vale decirlo: imaginemos que Salazar Arriaza ya tenía una condición migratoria regular y contaba con derechos de residencia en México, podía trabajar igual que un mexicano; sin embargo, fue víctima de violencia, no queremos imaginar a la gente que se interna al país en un escenario irregular”.
 
Audio.