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Semanario de la UAM
18 06 2012
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ese país sudamericano Camila Vallejo.
El movimiento estudiantil en cur-
so en Chile resultó de un proce-
so de debate político construido
desde antes de la dictadura mili-
tar, que emergió de ella y registró
una fuerte expresión en la movi-
lización de 2011, poniendo sobre
la mesa la crisis de la educación
en ese país sudamericano, decla-
ró Camila Vallejo Dowling.
Al participar en el Foro, la li-
deresa estudiantil precisó que
ese movimiento dio un salto
cualitativo en el debate sobre la
educación porque las demandas
rebasaron la agenda del sector
educativo. Los jóvenes se dieron
cuenta de que había una disputa
de paradigmas y concepciones
distintas de cómo se estructura y
qué rol juegan el Estado, la políti-
ca, la ciudadanía y el mercado.
La disputa que terminó en las
calles discutía sobre una concep-
ción del Estado en su carácter
neoliberal, que destina recursos
a través de políticas de focaliza-
ción del gasto social, y la idea de
un Estado garante de derechos y,
por tanto, responsable en materia
de educación, salud y vivienda.
El sistema de educación fue
pensado y estructurado para pre-
servar y profundizar la desigualdad
en Chile, donde el cinco por cien-
to más rico de la población tiene
un ingreso 830 veces mayor que el
cinco por ciento más pobre.
Luegodesuintervención,Vallejo
se reunió con alumnos de la UAM
y otras instituciones de educación
superior en el espacio deportivo de
la Unidad en Xochimilco.
Movimiento chileno
Plataforma científica
México carece de una entidad de alto nivel con la capacidad de
evaluar y realizar estudios prospectivos para establecer hacia dón-
de deben encauzarse la ciencia y la tecnología, señaló el doctor Ra-
fael Loyola Díaz, miembro del Instituto de investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En la Mesa:
Ciencia, tecnología y desarrollo
advirtió: “estamos ante
la disyuntiva de seguir cabalgando con los instructivos de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sin media-
ciones nacionales o bien de formular una plataforma nueva fincada
en capacidades locales y condiciones reales del país (…) nuestro gran
pendiente es la construcción de propuestas, visiones y organismos”.
Antes de 2000, si bien no había la inversión necesaria en el ru-
bro, existía una política que tuvo cierta continuidad, pero después
de aquel año todo se descompuso. La causa de la debacle estuvo
en la adopción –por parte del gobierno de la alternancia– del mo-
delo instrumentado en Europa.
Los principios de ese modelo, explicó Loyola Díaz, establecen
que el mercado defina la política de la investigación; se plantea
por tanto el acercamiento entre investigación y mercado y se da
un peso significativo al sector empresarial en la definición de las
directrices científicas, de tal manera que la Secretaría de Economía
fija las orientaciones en materia de ciencia y tecnología.
Pero México carece de las condiciones existentes en los países
integrantes de la Unión Europea, que invierte dos por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto en dicho sector, contra 0.5 por ciento del PIB que
registra el país; probablemente este año alcance 0.39 por ciento.
En México hay una incipiente infraestructura en ciencia y tec-
nología y se perfila apenas la importancia de formar profesionales
en la transferencia del conocimiento; más allá de exportar materias
primas, no se cuenta con muchos sectores competitivos.
“Nos metieron en un modelito cuando no teníamos el sustento
para soportarlo, lo que generó tensiones y retroceso en investiga-
ción, además de crearse un conflicto que no existía entre investiga-
dores científicos y tecnólogos.
“Mientras los países de la UE apuestan a invertir tres por ciento
del PIB, Vietnam y naciones africanas dos por ciento del PIB, México
sigue apostando al uno por ciento del PIB y delibera si debe ser pú-
blica o privada; no ha incorporado innovación y conocimiento en sus
procesos productivos, por lo que seguir esperando la contribución
de la iniciativa privada, como se ha hecho en los últimos gobiernos,
será condenar al sector de la investigación”.
/ Lourdes Vera Manjarrez
impulsar políticas contra la evasión
y la elusión, considerando que de
cada peso que debiera cobrarse
por concepto de impuestos sobre
la renta y al valor agregado “se eva-
de 50 por ciento”.
El incremento de 40 por ciento de
la cobertura en educación superior
implicaría triplicar los recursos que
se destinan al rubro, por lo que antes
de pensar en impuestos nuevos para
financiar la educación es necesario
construir una política de Estado diri-
gida a combatir la evasión.