Semanario de la UAM
22 10 2012
9
A
nalizaron
experiencias
de organización
socio
-
productivas
Conocimiento en gobernanza económico-
ambiental, necesario para la sustentabilidad
Ludger Brenner, Jorge Galindo, Octavio Nateras, Rocío Rosales Ortega y Pere Sunyer.
Foto: Octavio López Valderrama.
Servirá para generar habilidades
en los actores involucrados
en el desarrollo sustentable
Lourdes Vera Manjarrez
La producción de conocimiento sobre gobernanza
económica medioambiental es necesaria para generar
las habilidades que requieren los actores involucrados
en el desarrollo sustentable.
También servirá a que las instituciones involucra-
das en la instrumentación de políticas públicas al res-
pecto comprendan cuál sería su papel en un nuevo
modelo socioeconómico, coincidieron en señalar los
coordinadores del
Seminario internacional: Gobernan-
za económica y ambiental: nuevos paradigmas para
el desarrollo territorial,
que se realizó en la Unidad
Iztapalapa.
Para avanzar en ese sentido el encuentro convo-
cado por la Licenciatura en Geografía Humana de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reunió
a especialistas nacionales y de las universidades de
Utrecht, Países Bajos, y de Greifswald, Alemania, así
como del
Institute of Social Studies, Holanda, y el City
College of The City University of New York.
Los expertos analizaron experiencias de organiza-
ción socio-productiva que han surgido en distintas la-
titudes y tienen como fundamento el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
Los ponentes reconocieron que el desarrollo eco-
nómico alternativo tiene entre sus retos principales
el logro de procesos de producción y de actividades
basados en la sustentabilidad que aprovechen los re-
cursos propios de una localidad o región.
En México uno de los pendientes para alcanzar una
economía social de los territorios está en la legislación
medioambiental, en particular respecto de la gestión social
de los recursos y los mecanismos para garantizar la parti-
cipación de las comunidades en proyectos de desarrollo
local; la toma de decisiones, y el acceso a la justicia.
Al hacer estas observaciones durante su exposi-
ción, la maestra Martha Bañuelos Cárdenas, investi-
gadora del Departamento de Sociología de la Unidad
Iztapalapa, apuntó que “los márgenes de participación
social son muy estrechos (…) la sustentabilidad y la
defensa de los bienes comunes tienen que ver con la
inclusión, no con la exclusión”.
El gobierno es el sujeto obligado a promover la parti-
cipación de los actores en la planeación, el desarrollo y
la vigilancia de iniciativas locales y regionales, pero este
deber es difuso en el momento de concretar los mecanis-
mos, quedando la mayoría de éstos en el plano técnico.
“
Los funcionarios olvidan que los principales invo-
lucrados en un proyecto de desarrollo son aquellos
que habitan el territorio, no los que gestionan desde
un escritorio”, criticó la socióloga.
Otro error al impulsar la intervención comunitaria
es considerar las entidades como homogéneas, cuan-
do cada una tiene una complejidad estructural que
debe ser considerada, advirtió por su parte la acadé-
mica Fernanda Figueroa de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
La investigadora presentó un estudio realizado en la
comunidad Zona Lacandona de Chiapas que muestra
los diferendos internos que tienen las colectividades
que habitan esta Área Natural Protegida, problemáti-
ca que está llevando a una inestabilidad en el uso de
recursos y que ha sido soslayada por las autoridades
medioambientales en su intervención.
