Página 8 - Semanario de la UAM Vol. XIX Núm. 20

Semanario de la UAM 21 01 2013 8
Sostiene el investigador Álvaro López Lara
Necesario analizar a fondo contenido
y calidad de la Ley General de Víctimas
‹‹Con la promulgación el nuevo
gobierno de México buscaría
su legitimación
Con la promulgación de la Ley General de Víctimas el
nuevo gobierno de México busca, tanto su legitima-
ción como marcar una ruptura clara con su antecesor
en términos de seguridad nacional, sostuvo el doctor
Álvaro López Lara, investigador del Departamento
de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM).
La política de
seguridad no
se limitará a la
persecución del
crimen organizado
La administración federal pretende enviar el men-
saje a la ciudadanía de que la política en la materia no
se limitará a la persecución del crimen organizado, al
operar una estrategia que tomará en cuenta a las vícti-
mas, los que para el profesor de la Unidad Xochimilco
sería “una buena señal”.
Sin embargo advirtió sobre la necesidad de anali-
zar en profundidad los contenidos y “la calidad de la
legislación”, en términos de definición del asunto que
atenderá.
Si bien se ha reconocido por parte del gobierno y
organizaciones civiles que se trata de una legislación
perfectible aprobada con urgencia, no presenta una
definición clara de lo que es una víctima y al dejar en
la ambigüedad el sujeto en la ley “se presentará una
serie de dificultades para su instrumentación”.
Es necesario, añadió, establecer quién es vícti-
ma. De acuerdo con la ley es quien ha sufrido
daño económico, físico, mental, emocional o
cuyos bienes jurídicos o derechos hayan sido
puestos en peligro como consecuencia de la
comisión de un delito o violación a sus garan-
tías individuales por parte de la autoridad o la
delincuencia.
Existe entonces una definición etérea de quién
es el sujeto de la legislación, porque una persona
puede reclamarse como víctima por haber sufrido
daño mental o en su patrimonio y esto además inclui-
ría a familiares, explicó.
López Lara señaló que existirían “serias dudas so-
bre la constitucionalidad” de la ley debido a que el
Congreso de la Unión, al aprobarla, habría excedido
sus facultades en virtud de que la publicación de la
misma no está entre sus prerrogativas.
Otro punto preocupante es la obligatoriedad de
que los congresos locales armonicen sus legislaciones
para tener un marco jurídico similar en la materia; la
creación de comisiones ejecutivas encargadas de
atender a víctimas propiciaría instancias bu-
rocráticas que dificultarían la instrumen-
tación de la ley y su traducción en una
política pública.
Un aspecto positivo es la idea de crear
un sistema de protección a víctimas que
desplegaría una política pública asisten-
cial; lo más importante es que no se plan-
tea sólo la indemnización económica sino
facilitar el acceso a la justicia, crear meca-
nismos para reconocer a las víctimas y lograr
una reparación integral.
Algo muy importante será el esclareci-
miento de los hechos, sobre todo en los ca-
sos de desapariciones y asesinatos, sostuvo el
especialista.